El Poder Judicial buscará que se vincule a las y los beneficiarios a espacios de empleo como parte de un esquema más integral
Alberto Dzib
El Poder Judicial del Estado de México informó que proyecta una expansión del modelo de Tribunal de Tratamiento de Adicciones para incorporar componentes de educación y acceso al empleo, como parte de una estrategia orientada a la reinserción social de personas en proceso de rehabilitación.
El planteamiento fue expuesto por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Héctor Macedo García, quien explicó que este esquema permite a las personas sujetarse de manera voluntaria a tratamientos contra adicciones, bajo supervisión institucional, lo que puede derivar en ajustes a sus procesos legales dependiendo de su avance.
Actualmente, el modelo opera con la participación de instancias como el DIF, la Fiscalía y la Consejería Jurídica, que intervienen en el seguimiento de los casos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los tratamientos y reducir la reincidencia.
“Donde no solamente sea el cumplimiento de la acción sometimiento voluntario a la rehabilitación sino darle una oportunidad de justicia social a las personas con este tipo de adicciones al efecto de que confluyan estudios hoy de que puedan incorporarse realmente a la sociedad”.
El magistrado indicó que la siguiente etapa consiste en articular este mecanismo con dependencias como la Secretaría de Educación y la Secretaría del Trabajo, a fin de generar rutas que permitan a las personas acceder a formación académica y oportunidades laborales tras concluir sus procesos de tratamiento.
Este ajuste responde a la identificación de un inicio cada vez más temprano en el consumo de sustancias, principalmente entre población adolescente, lo que, de acuerdo con el diagnóstico institucional, se asocia con conductas delictivas y demanda una respuesta integral.
Como parte de la estrategia, se propone la participación del sector empresarial para habilitar espacios de empleo dirigidos a personas que egresan de estos programas, con el objetivo de consolidar su integración social y reducir riesgos de reincidencia, además de incorporar este enfoque en políticas públicas que articulen justicia, prevención y desarrollo social.
