El diputado priista Eduardo Zarzosa impulsa una reforma para que estas Mesas tengan reglas claras, soporte jurídico y por primera vez integren a partidos políticos como representantes de la ciudadanía
Redacción MV
El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso mexiquense presentó una iniciativa para otorgar pluralidad, orden y sustento legal a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, instancia que opera desde 2018 sin un marco jurídico establecido.
Como parte de la Agenda de Seguridad del PRI, el diputado Eduardo Zarzosa detalló que la propuesta busca incorporar a los partidos políticos a dichas Mesas, al menos una vez por semana, para que participen como representantes directos de la ciudadanía en las decisiones relacionadas con la seguridad pública.
“Presentamos una iniciativa seria, responsable y con visión de futuro. Proponemos que la Mesa de Coordinación tenga soporte legal, reglas claras de integración y funcionamiento, y que opere de manera plenamente coordinada. Que integre por primera vez a los partidos políticos y cuente con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”, señaló el legislador.
El diputado recordó que las Mesas, creadas en 2018, no cuentan con facultades definidas en la Ley de Seguridad del Estado de México, lo que limita la certeza jurídica de los acuerdos que se toman en ellas. Agregó que, aunque han convocado a diversos actores, han excluido a los partidos políticos pese a su papel como representantes de la sociedad.
Zarzosa subrayó que la seguridad pública debe asumirse como una política de Estado que requiere responsabilidad compartida, consensos amplios y participación plural para legitimarse.
“Cuando trabajamos juntos, ganan las familias mexiquenses. Si estamos aislados, el crimen avanza. Esta reforma pone orden, da certeza y le dice a la gente: aquí estamos y estamos juntos. Hay Estado y hay coordinación, porque solo de la mano podremos recuperar la seguridad para que las y los mexiquenses vivan en paz”, afirmó.
Con esta iniciativa, el PRI busca fortalecer la corresponsabilidad institucional y reconstruir la confianza ciudadana mediante un modelo de seguridad con legalidad, transparencia, participación democrática y verdadera coordinación entre actores públicos.
