El posible aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a la cerveza, considerado en el paquete presupuestal federal para el siguiente año, no afectaría a los productores de cebada en el Estado de Hidalgo.
Pachuca de Soto, Hidalgo.- Así lo consideró el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Hidalgo (Saderh), Napoleón González Pérez, ante la posibilidad de que el incremento en el precio de la bebida afecte las ventas de los cebaderos a las empresas fabricantes de cerveza.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados federal propuso un incremento al IEPS que podría traducirse entre 60 centavos y un peso adicional por cada cerveza, dependiendo de su precio y presentación.
Al respecto, el funcionario explicó en entrevista que el precio de la cebada se establece mediante acuerdos previos entre productores y compradores, por lo que un eventual aumento de impuestos al producto final no modificaría, de manera inmediata, el pago pactado por la materia prima.
“Creo que no porque el producto de la cebada, el precio se pacta antes y ya está pactado. Entonces, al que va a afectar desgraciadamente es al consumidor, porque va a subir el producto final, va a subir el precio de la cerveza”, refirió.
El funcionario estatal señaló que siempre buscan que a los productores del campo, en este caso a los cebaderos, se les pague lo justo y que les aumenten los costos de sus productos para que tengan un mejor pago.
Sin embargo, consideró necesario mantener un equilibrio entre los ingresos de los productores y la capacidad de consumo de la población.
“Nosotros siempre luchamos para que los productos del campo se les pague lo justo y los precios vayan hacia arriba, también debemos hacer el equilibrio porque la sociedad que consume también nos importa”.
Datos de la misma dependencia estatal señalan que el Estado de Hidalgo está en primer lugar nacional en producción de cebada maltera, oscilando entre las 90 mil y 95 mil toneladas anuales.
Será durante los meses de septiembre y octubre cuando se discutan las reformas fiscales en el Congreso de la Unión, para su eventual aplicación a partir del año 2027.
