Al respecto, Barbosa Huerta, dijo que es preocupante la presunta complicidad entre Eukid N., y el magistrado presidente de la Comisión de Disciplina del Tribunal Superior de Justicia, Jared Albino Soriano Hernández porque pondría al descubierto la forma en que operan integrantes del poder judicial.
“Salvemos al Poder Judicial, ya no le hagamos más daño a la institución”, exhortó el gobernador Luis Miguel Barbosa, tras el audio escándalo en que el magistrado e integrante del Consejo de la Judicatura negoció con el ex operador político de Rafael Moreno Valle, Eukid Castañón, actualmente preso por enriquecimiento ilícito, y otros delitos.
Al respecto, Barbosa Huerta, dijo que es preocupante la presunta complicidad entre Eukid N., y el magistrado presidente de la Comisión de Disciplina del Tribunal Superior de Justicia, Jared Albino Soriano Hernández porque pondría al descubierto la forma en que operan integrantes del poder judicial.
Comentó que el audio representaría un hecho revelatorio de la influencia de los hombres el poder en su tiempo sobre la solución parcial de los asuntos judiciales, aunque aclaró que habrá que revisar la autenticidad de las voces, que al parecer si son.
“Es un audio que tiene que pasar todavía diría por los filtros de autenticidad sobre las voces que participan, pero si al parecer pues quienes conocen las voces de los imputados, al parecer si son”.
El gobernador, comentó que el integrante del Poder Judicial que esta siendo acusado, como “hombre, y como jurista”, sabe que debería hacer sobre este tema, y es que, aseveró que si hubiera ocurrido con una persona del Poder Ejecutivo, él de manera inmediata lo despedia.
“Ellos saben que deben hacer, porque no quiero ser el gobernador que diga que tiene que hacer a otro poder distinto al Poder Ejecutivo”.
Aseveró que esta preocupado por este tipo de actuar de los impartidores de Justicia, e insistió que el audio revelaría como ha sido la forma de actuar del Poder Judicial en Puebla.
Actualmente Eukid Castañón se encuentra preso en Durango, tras enfrentar acusaciones penales por enriquecimiento ilícito, extorsión, amenazas, falsedad de declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad.
