Con el objetivo de asegurar que la ciudadanía de Aguascalientes reciba servicios públicos de calidad, la gobernadora Teresa Jiménez presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del estado, enfocada en combatir el vandalismo y el sabotaje a la infraestructura pública y equipamiento destinado a la prestación de servicios esenciales, como la salud, educación, agua potable, y alumbrado, entre otros.
La gobernadora expresó la importancia de garantizar el derecho a servicios públicos de calidad, argumentando que no se puede permitir que la comunidad se vea afectada por la acción de unos cuantos. “Para nosotros, lo principal es trabajar por el bien común”, afirmó.
Uno de los principales enfoques de esta iniciativa es endurecer las penas contra quienes dañen la infraestructura pública o el equipamiento destinado a la operación de servicios esenciales. La razón detrás de esta propuesta radica en que el vandalismo de este tipo de instalaciones puede tener un impacto significativo en la población al generar la falta de agua y electricidad, lo que a su vez afecta otros sectores críticos como la educación y la salud, poniendo en peligro los derechos humanos.
Para abordar esta problemática, la iniciativa propone la creación de un nuevo tipo penal denominado “sabotaje”. Los responsables de cometer actos de sabotaje se enfrentarán a penas que oscilan entre 5 y 20 años de prisión, además de una multa que va desde mil hasta 12 mil días de salario mínimo. Además, se incluye la obligación de pagar la reparación total de los daños causados a la infraestructura pública.
La gobernadora Tere Jiménez concluyó su presentación afirmando que es esencial afrontar con determinación los desafíos que surgen en el compromiso de salvaguardar el bienestar de la población. Esta iniciativa busca no solo proteger los servicios públicos esenciales, sino también fomentar la responsabilidad ciudadana y preservar el patrimonio común de Aguascalientes.
