Con la intención de disminuir los conflictos y la violencia en las vialidades de Hidalgo, una iniciativa presentada en el Congreso del Estado plantea que conductores del transporte público, privado y complementario reciban formación obligatoria en control emocional y resolución de conflictos.
La propuesta es respaldada por la diputada Claudia Luna, del Partido Acción Nacional (PAN), y cuenta con el apoyo de legisladores de distintas fuerzas políticas, entre ellas Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El planteamiento busca reformar la Ley de Movilidad y Transporte estatal para establecer como requisito que los choferes acrediten cursos enfocados en inteligencia emocional y convivencia vial, con el objetivo de reducir agresiones y mejorar la seguridad de los usuarios durante sus traslados.
Dentro de los cambios propuestos, se contempla la modificación de los artículos 7, 8 y 160, así como la incorporación del artículo 137 Bis. En el caso del Artículo 7, se otorgarían facultades a la Secretaría correspondiente para crear e implementar programas obligatorios de certificación en control emocional y civismo vial.
Por otra parte, el Artículo 8 establecería que el Organismo del Transporte Convencional desarrolle mecanismos de supervisión y protocolos de actuación ante conflictos entre conductores. Asimismo, el nuevo Artículo 137 Bis obligaría a los operadores a evitar cualquier tipo de agresión, ya sea física, verbal o simbólica.
En cuanto a las sanciones, la modificación al Artículo 160 contempla medidas más estrictas, que van desde la suspensión de concesiones o tarjetones por un periodo de 30 a 90 días en casos de conductas violentas.
Para su implementación, la iniciativa prevé la firma de convenios con instituciones como la Secretaría de Salud, el ICATHI y el Centro Estatal de Justicia Alternativa, con el fin de aprovechar recursos e infraestructura existentes, evitando un impacto significativo en el gasto público.
Con este conjunto de reformas, el Congreso estatal pretende fomentar una cultura de respeto en las calles, privilegiando el diálogo y la mediación como herramientas para resolver los conflictos cotidianos en el tránsito.
