Se abrió carpeta de investigación en la que se califica cómo responsable a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) inició el expediente CODHEM/SP/774/2017, tras la muerte de dos internos en el penal de Chiconautla, informó el ombudsman Jorge Olvera García.
Detalló que de acuerdo al Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos, la situación se calificó como violación al derecho a la integridad, siendo la autoridad responsable la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, por lo que se solicitaron los informes correspondientes.
No obstante, reconoció las acciones que realiza la autoridad penitenciaria, tras la recomendación emitida por la situación que priva en los penales, como fue el traslado de más de 50 internos federales.
Al referirse al problema de sobrepoblación en los centros de prevención y reinserción social, señaló la urgencia de despresurizarlos, ya que a su vez generan hacinamiento y autogobierno, por lo que debe plantearse un proyecto con ejes transversales en el que participen el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia y el gobierno estatal, y otras áreas involucradas.
Olvera García consideró que en tal proyecto conjunto, deben establecerse medidas de prevención, seguridad, educación y trabajo penitenciario, con el objetivo de incidir en todos y cada uno de los temas.
La sobrepoblación penitenciaria dijo, es un asunto en el que deben trabajar los 21 penales estatales, no obstante, el presidente de la Codhem reconoció que es un problema no sólo estatal sino federal, en el que deben participar las diversas instancias de gobierno e instituciones, no sólo las comisiones de derechos humanos y la secretaría de Seguridad.
En ese sentido, indicó que debe continuarse con la labor de catalogar a los presos, precisar por qué están internos, cuáles son los delitos cometidos y con ello, conseguir que estén encarcelados sólo quienes deben estarlo y no estén los que no deben estar, ocupando espacio, a fin de lograr la despresurización de los centros de prevención y reinserción social.
