En el Congreso local, legisladoras de distintas fuerzas políticas respaldaron una iniciativa que propone imponer hasta 10 años de prisión a servidores públicos que nieguen, omitan o retrasen el acceso a la justicia en casos de violencia de género.
La propuesta, impulsada por la diputada Jennifer Nathalie González López (Morena), también contempla multas, destitución e inhabilitación para funcionarios de áreas de seguridad y justicia que incurran en negligencia, omisiones o actos de corrupción en perjuicio de las víctimas.
Durante la reunión de comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género, se destacó que la reforma retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen que toda muerte violenta de mujeres o niñas debe investigarse con perspectiva de género y bajo protocolo de feminicidio.
En ese sentido, la iniciativa plantea que la Fiscalía estatal investigue bajo este enfoque no solo feminicidios, sino también suicidios, accidentes o cualquier muerte violenta de mujeres, con el fin de evitar omisiones en las investigaciones.
Las diputadas Gloria Vanessa Linares (PVEM) y Ana Yurixi Leyva (PT) respaldaron la propuesta al considerar que fortalece el combate a la violencia de género, mientras que la legisladora Emma Laura Álvarez (PAN) pidió precisarla para evitar vacíos que puedan generar impunidad.
Las legisladoras coincidieron en que el Estado de México enfrenta altos índices de violencia de género, por lo que subrayaron la necesidad de garantizar investigaciones eficaces, con debida diligencia y sin retrasos.
