El GPPRD subrayó que la crisis hídrica debe abordarse no solo como un problema ambiental, sino como un desafío en materia de derechos humanos y gobernanza
Redacción IKAM
Con el objetivo de enfrentar la crisis hídrica que atraviesa la entidad, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la LXI Legislatura mexiquense propuso una iniciativa para fortalecer la gestión del agua mediante sistemas de micromedición y una coordinación más eficiente entre los distintos niveles de gobierno.
La propuesta, impulsada por el diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador del grupo parlamentario, y la legisladora Araceli Casasola Salazar, plantea que los 125 municipios del Estado de México implementen sistemas de medición precisos que permitan un mayor control del servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y aguas residuales.
De acuerdo con Ortega Álvarez, la iniciativa busca establecer un diagnóstico y monitoreo continuo de los sistemas de agua potable y saneamiento, priorizando la detección de fugas y el control de pérdidas. Asimismo, propone crear un marco obligatorio de colaboración entre autoridades estatales, municipales y diversos sectores involucrados, para garantizar una gestión integral y sostenible del recurso hídrico.
El proyecto de reforma a las Leyes del Agua y Orgánica Municipal beneficiará particularmente a los municipios con alta densidad poblacional y problemas de abastecimiento como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Naucalpan y Chimalhuacán, donde el acceso limitado al agua impacta la calidad de vida y profundiza las desigualdades sociales.
Durante la sesión deliberante, el legislador perredista destacó que la iniciativa surge en un contexto crítico, pues el Sistema Cutzamala presenta niveles de almacenamiento históricamente bajos, lo que ha derivado en recortes y tandeos en el suministro para el Valle de México.
Asimismo, advirtió que 48 municipios mexiquenses, equivalentes al 40 por ciento del territorio estatal, enfrentan problemas relacionados con la extracción, acaparamiento o venta ilegal de agua, lo que afecta directamente el abasto comunitario.
El GPPRD subrayó que la crisis hídrica debe abordarse no solo como un problema ambiental, sino como un desafío en materia de derechos humanos y gobernanza, por lo que el fortalecimiento de la medición, la transparencia y la coordinación interinstitucional es esencial para garantizar el acceso equitativo al agua en todo el Estado de México.
