La diputada Jennifer González plantea también multas e inhabilitación para quienes incurran en omisiones, negligencia o corrupción en estos casos
Alberto Dzib
La bancada de Morena en el Congreso del Estado de México, propuso sancionar con penas de cuatro a 10 años de prisión a las personas servidoras públicas del ámbito de justicia y seguridad que nieguen la impartición de justicia a mujeres víctimas de violencia de género.
La diputada Jennifer Nathalie González López, proponente de la reforma, señaló que además de la pena de prisión, haya sanciones de 100 a 150 días multa, así como la destitución e inhabilitación de los responsables.
La iniciativa indica que las penas se aplicarían cuando un servidor público, teniendo la obligación de investigar y sancionar un delito cometido contra una mujer, incurra en omisiones, actos de corrupción, negligencia o cualquier conducta que obstruya la justicia.
La legisladora explicó que su propuesta busca incorporar los criterios de la sentencia emitida el 25 de marzo de 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada del asesinato de Mariana Lima Buendía en 2010, caso que obligó a las autoridades a considerar todos los homicidios de mujeres bajo el protocolo de feminicidio.
“Esta resolución establece que la inacción y la indiferencia del Estado frente a la violencia contra las mujeres generan discriminación y revictimización. Por ello planteamos que el incumplimiento de la función pública en estos casos tenga consecuencias penales y administrativas”, expuso la legisladora.
En la propuesta también se señala también que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México deberá investigar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres y niñas, incluyendo suicidios y accidentes, bajo el protocolo de feminicidio.
Se recuerda que el Congreso local tipificó el feminicidio en 2011 con penas de hasta 70 años de prisión, que pueden aumentar hasta 93 años y 4 meses en circunstancias agravadas.
No obstante, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que la incidencia del delito no ha disminuido, con registros que van de 60 casos en 2015 a 89 en 2023.
