Hasta 6 años de prisión, propuso la diputada del PVEM Beatriz Manrique el delito de despojo de inmuebles propiedad de adultos mayores.
Además, contemplan sanciones por allanamiento de mirada y hasta la extorsión.
En entrevista, la diputada local detalló que está reforma al Código Penal, tiene el objetivo de proteger a los adultos mayores que son víctimas del despojo de sus inmuebles.
Indicó que hay casos en que son víctimas de abuso cuando rentan sus inmuebles y los habitantes ya sean ajenos o propios familiares se los quitan aprovechando su vulnerabilidad.
Sobre ello, recalcó que lamentablemente en la mayoría de los casos de un despojo, son los propios familiares los que cometen este delito y hasta se atreven a agredirlos.
La diputada explicó que en 2024, se registraron 28 mil 364 casos de despojo en México, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el caso de Puebla, ocupó el séptimo lugar a nivel nacional con mil 265 casos, solo por debajo del Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato, Baja California y Jalisco.
Beatriz Manrique puntualizó que Puebla tiene una de las penas más bajas por despojo, que es de solo 3 meses de prisión, frente a los 5 y 6 años mínimos aplicables en la Ciudad de México y Morelos.
Indicó que en el caso de la entidad, el aumento de pena por despojo contra personas mayores sigue siendo bajo, pues solo es de 4 meses, lo que no refleja la gravedad del daño a este grupo vulnerable.
La legisladora precisó que en el Estado, la pena mínima por allanamiento de morada es de 2 meses, mientras que en otras entidades como la CDMX o Jalisco es de al menos 6 meses.
Por ello, Beatriz Manrique destacó que la iniciativa propone aumentar las penas de forma proporcional y razonable, buscando disuadir sin caer en sanciones excesivas ni fomentar la sobrepoblación penitenciaria, atendiendo fin preventivo del derecho penal.
Por ello, propuso fijar la pena por despojo entre 1 y 3 años de prisión, en lugar de los 3 meses actuales, y duplicarla si la víctima pertenece a un grupo vulnerable, es decir, personas mayores, con discapacidad, madres solteras o pueblos originarios.
Asimismo, se establece que la pena por allanamiento de morada sea de 6 meses a 4 años de prisión y que se duplique -en lugar de aumentar solo un 50% si la víctima es mayor de 60 años, madre soltera, persona con discapacidad o integrante de un pueblo originario.
Finalmente, la diputada del PVEM señaló que la iniciativa contempla duplicar las penas por extorsión cuando la víctima sea mayor de 60 años, madre soltera, persona con discapacidad o integrante de un pueblo originario.
