La convocatoria fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y contempla que los trabajos legislativos se desarrollen del 26 al 28 de mayo
Atenea Rojas
La Cámara de Diputados y el Senado de la República se preparan para iniciar un periodo extraordinario de sesiones en el que se discutirán diversas reformas en materia judicial y electoral impulsadas por el Gobierno Federal y la mayoría legislativa de Morena. Entre los temas centrales destacan el aplazamiento de la elección judicial hasta 2028 y nuevas causales de nulidad electoral relacionadas con la injerencia extranjera.
La convocatoria fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y contempla que los trabajos legislativos se desarrollen del 26 al 28 de mayo, lapso en el que, diputados y senadores analizarán modificaciones constitucionales y legales consideradas prioritarias por el Ejecutivo federal.
Modificaciones en la elección judicial
Uno de los puntos más relevantes es la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar la próxima elección de jueces, magistrados y ministros, originalmente prevista para 2027, y moverla a 2028, con el propósito de evitar una sobrecarga operativa y financiera para el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que coincidiría con las elecciones intermedias federales.
La iniciativa también plantea ajustes al modelo de elección judicial aprobado durante el sexenio anterior, incluyendo mecanismos de evaluación de perfiles, reducción del número de candidaturas en las boletas y nuevas reglas de organización electoral.
Nulidad electoral
Otro de los temas que generará debate es la propuesta para incorporar como causal de nulidad electoral la intervención extranjera en campañas o procesos electorales. La reforma contempla sanciones cuando se acredite financiamiento, propaganda o apoyo externo que pueda influir en los resultados de una elección.
Además, el Congreso discutirá la creación de un órgano dentro del INE encargado de revisar antecedentes de las personas candidatas, con el objetivo de impedir la infiltración del crimen organizado o perfiles vinculados a actividades ilícitas en los procesos electorales.
