Los incrementos propuestos en derechos y servicios golpean a las familias, al sector productivo y a emprendedores, y califican la medida como un “impuesto disfrazado”
Redacción MV
Desde la Tribuna del Palacio de San Lázaro, los diputados federales del PRI manifestaron su rechazo a las reformas a la Ley Federal de Derechos, al considerar que afectarán directamente a las familias mexicanas, al comercio y a los servicios públicos. Entre los incrementos criticados destacan los cobros por ingresar a museos y zonas arqueológicas, renovar pasaportes y el uso de plataformas digitales.
El diputado Jericó Abramo Masso alertó que el Paquete Económico enviado por el Gobierno Federal no fortalece las finanzas públicas, sino que busca incrementar la recaudación a costa de la economía familiar, incluyendo el aumento del IEPS en refrescos de 1.68 a 3.68 pesos por litro, un alza del 88 por ciento. “4.7 millones de micro y pequeñas empresas van a resentir esta medida, porque se cobra sobre ventas y no sobre utilidad”, destacó.
Abramo Masso también criticó los aumentos de hasta 118% en cuotas para museos y los nuevos cobros al comercio digital, especialmente en perjuicio de mujeres emprendedoras. Señaló que más de 2 mil 500 municipios dejarán de recibir recursos por el destino del gasto federal hacia intereses de deuda.
El legislador Juan Moreno de Haro calificó la iniciativa como insensible y recaudatoria, afectando tanto a migrantes como a empresarios. “Elevar las cuotas migratorias hasta en un 100% es una contradicción ética: regularizarse en México se convierte en un lujo”, señaló.
Por su parte, la diputada Ana Isabel González consideró que la ley no protege derechos, sino que es “una ley de impuestos disfrazada” que encarece servicios básicos como el agua, castiga a migrantes y limita el acceso a la cultura.
Los diputados priistas reafirmaron su compromiso de defender la economía familiar, la competitividad nacional y la justicia fiscal, y aseguraron que votarán en contra de cualquier medida que transfiera a los ciudadanos el costo de la mala administración pública.
