Defensores de derechos humanos consideran que la información oficial sobre desapariciones de personas, minimiza la dimensión del problema y minimiza la responsabilidad del Estado en ello…
Redacción AR
Este 27 de marzo, autoridades presentaron parte de la Estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, durante la conferencia mañanera, centrada en la presentación de cifras.
Como han señalado los colectivos: es relevante mejorar registros y hacer transparente las metodologías de revisión. Sin embargo, la premisa inicial de que no se cometen desapariciones forzadas o que la mayoría de las desapariciones están relacionadas con ausencias voluntarias, minimiza la responsabilidad del Estado, contrario a lo que han destacado previamente organismos internacionales.
Acotar a 43,128 el número de personas desaparecidas minimiza la dimensión de una crisis que tiene rostro y que no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos.
Preocupa que, respecto de los más de 46 mil registros de “datos insuficientes”, no se anuncien acciones para subsanar los registros o tomar acciones de localización, dejando la búsqueda a sus familias. Las deficiencias del Registro no son atribuibles a las familias, sino a las autoridades, que desde su creación tienen el deber de llenar el registro con diligencia y de tomar acciones inmediatas de búsqueda.
Reconocer que únicamente hay 3 mil 869 carpetas de investigación abiertas evidencia los obstáculos que enfrentan las familias para denunciar, especialmente en contextos de riesgo, donde prevalecen redes criminales que alcanzan a las fiscalías.
Frente a una desaparición, siempre ha existido la obligación de abrir una investigación penal. Si no se adoptan medidas adicionales para garantizarlo, las familias seguirán enfrentando barreras para la apertura de investigaciones penales.
Sobre la afirmación de que, del total de personas registradas desaparecidas ha habido más de 90% de localizaciones: es fundamental aclarar que estas no necesariamente son atribuibles a acciones del Estado. En muchas ocasiones son las familias y sus redes en la comunidad las que se activan en las primeras horas y logran localizarlas.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (#ComitéCED) tomó conocimiento de una impunidad de más del 99.9% en su visita a México. Las detenciones anunciadas no son un indicador confiable de combate a la impunidad, si no se traducen en procesos judiciales sostenidos que deriven en sentencias.
En diversas administraciones las acciones alrededor de las desapariciones se han centrado en revisar registros y corregir cifras sin que se presente una Política Nacional de Prevención y Erradicación integral, como la recomendada por el #ComitéCED, que permita abordar la dimensión de una crisis tan dolorosa.
