Advierten que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública impone un modelo autoritario, militariza la seguridad y concentra el poder en el Ejecutivo
Redacción AR
El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República votó en contra de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, al considerar que ambas representan una amenaza al orden constitucional, al federalismo y a las libertades ciudadanas.
Al fijar el posicionamiento de su bancada, el senador Miguel Ángel Riquelme Solís advirtió que las leyes impulsadas por Morena destruyen el pacto federal, militarizan la seguridad y convierten al Estado en un aparato de vigilancia masiva sin control judicial. Señaló que los dictámenes fueron aprobados al vapor, sin diálogo ni análisis, como parte de un modelo autoritario que impone un régimen de miedo y control.
“No podemos legislar desde el centro del poder ni imponerles a los municipios obligaciones imposibles de cumplir sin darles recursos”, reclamó.
Denunció que se pretende transformar al país en un Estado policial, donde se espía a los ciudadanos, se vulnera su privacidad y se debilita la autonomía de los gobiernos locales. “No es seguridad lo que están construyendo, es un sistema de control que amenaza nuestras libertades”, sentenció.
En la discusión en lo general de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la senadora Paloma Sánchez Ramos alzó la voz por Sinaloa y denunció que esta ley es otro engaño de Morena, que militariza la seguridad y abandona a las policías civiles. Recordó que solo ayer hubo 30 asesinatos en su estado y cuestionó: “¿De verdad creen que en Sinaloa se vive tranquilo?”, al acusar que mientras hablan de coordinación, encubren a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, a quien llamó narcogobernador.
Por su parte, la senadora Claudia Anaya Mota advirtió que esta ley destruye el carácter civil de las instituciones de seguridad y representa un nuevo golpe al federalismo. Denunció que el gobierno puede solicitar sin restricciones, información pública y privada de la gente so pretexto de llevar a cabo tareas de inteligencia.
La senadora Geraldina García Gordillo y el senador Ángel García Yáñez denunciaron que se otorga a la Guardia Nacional un régimen especial bajo control de la SEDENA, sin certificación ni supervisión, y que se permite la concentración de datos personales sin orden judicial, construyendo un Estado espía.
En la discusión de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca advirtió que no se trata de una estrategia contra la delincuencia, sino de la legalización de un aparato de espionaje masivo operado desde el poder. Acusó que esta ley obliga a empresas privadas a entregar sus bases de datos sin protección alguna, exponiendo a millones de mexicanos a filtraciones y uso indebido de su información.
