El proyecto del Puente Margaritas demuestra que Aguascalientes puede movilizar recursos y coordinar a diferentes niveles de gobierno cuando reconoce un punto vial como peligroso. Ahora la pregunta es si existe la misma capacidad presupuestaria para proteger a peatones y ciclistas en las calles donde diariamente enfrentan banquetas incompletas, cruces inseguros y ciclovías desconectadas.
La obra se proyecta sobre la carretera federal 45 Norte, por donde circulan más de 60 mil vehículos al día. Contempla un puente en la comunidad de Margaritas y dos retornos elevados entre esa localidad y la cabecera municipal de San Francisco de los Romo.
Su propósito es necesario: ordenar los cruces e incorporaciones, reducir el riesgo de accidentes y mejorar la conectividad entre los municipios del norte de Aguascalientes.
Sin embargo, la dimensión del proyecto también abre una discusión sobre las prioridades de la inversión pública en seguridad vial.
Un proyecto de hasta mil 200 millones de pesos
El alcalde de Jesús María, César Medina, declaró que durante 2026 se han registrado aproximadamente 80 accidentes en este tramo y estimó que entre ocho y diez personas han perdido la vida.
También señaló que el proyecto completo podría requerir hasta mil 200 millones de pesos, distribuidos en dos etapas y con participación de los gobiernos federal y estatal.
Hasta ahora, estas cantidades corresponden a estimaciones expresadas por el alcalde. El presupuesto definitivo y las cifras oficiales de accidentes, personas lesionadas y fallecidas en el tramo todavía no han sido publicados de manera detallada.
El Gobierno del Estado sí ha confirmado la construcción del puente y los dos retornos elevados, así como el tránsito de más de 60 mil vehículos diarios sobre esta vialidad.
Aunque las cifras finales permanecen pendientes, una muerte prevenible es suficiente para justificar acciones de seguridad vial. El problema no es que se invierta en Margaritas, sino determinar si ese mismo principio se aplica en todo el estado, especialmente donde el riesgo recae sobre quienes caminan, utilizan bicicleta o esperan el transporte público.
El riesgo vial se extiende más allá de la carretera 45 Norte
Durante 2023, Aguascalientes registró 251 muertes por siniestros viales, de acuerdo con el Informe de Salud Pública sobre la Situación de la Seguridad Vial México 2023-2024.
Entre las víctimas hubo 62 peatones. Es decir, prácticamente una de cada cuatro personas fallecidas se desplazaba a pie.
El dato permite observar que la inseguridad vial no se concentra en un solo puente o carretera. También está presente en avenidas sin cruces seguros, banquetas bloqueadas o inexistentes, intersecciones diseñadas para permitir giros a gran velocidad y vialidades donde circular en bicicleta implica compartir espacio con automóviles sin ninguna protección física.
A diferencia de una gran obra vehicular, estos riesgos suelen encontrarse dispersos por toda la ciudad. Son menos visibles de manera individual, pero forman parte de los recorridos cotidianos hacia escuelas, hospitales, paradas de autobús, centros de trabajo y comercios.
¿Cuánto invierte Aguascalientes en proteger a peatones y ciclistas?
Para comparar las prioridades del gasto público sería necesario conocer cuánto costará finalmente el Puente Margaritas y cuánto invierten anualmente el estado y los municipios en infraestructura peatonal y ciclista.
Actualmente no existe una cifra pública consolidada que permita responderlo con facilidad, ¿por qué?.
Los recursos destinados a banquetas, cruces, ciclovías, iluminación o reducción de velocidades pueden estar distribuidos entre distintas dependencias, programas de mantenimiento, pavimentaciones y obras municipales. Esa fragmentación impide conocer cuánto dinero se destina específicamente a proteger a quienes se desplazan sin automóvil, qué puntos han sido intervenidos y cuáles han sido los resultados.
La falta de información también dificulta comprobar si la distribución del presupuesto corresponde con la prioridad establecida en la legislación estatal.
La prioridad ya está escrita en la ley
La Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Aguascalientes establece una jerarquía clara: primero se encuentran los peatones, particularmente las personas con discapacidad y movilidad limitada; después, ciclistas y usuarios de vehículos no motorizados; posteriormente, el transporte público y, finalmente, los vehículos particulares.
La legislación también contempla banquetas accesibles, cruces seguros, iluminación, infraestructura ciclista, control de velocidades y calles completas que permitan el desplazamiento de todas las personas.
En el papel, peatones y ciclistas ocupan los primeros lugares.
Lo que falta conocer es si esa prioridad también aparece en el presupuesto, en la cantidad de obras ejecutadas y en las zonas donde se interviene.
La seguridad vial no siempre necesita obras monumentales
Un puente puede resolver movimientos peligrosos en una carretera de gran aforo, pero muchas situaciones de riesgo en la ciudad pueden atenderse con intervenciones de menor escala:
- Banquetas continuas, accesibles y libres de obstáculos.
- Cruces elevados y con menor distancia de recorrido.
- Semáforos con tiempo suficiente para peatones.
- Islas de refugio en avenidas amplias.
- Iluminación en intersecciones y paradas de autobús.
- Reducción de radios de giro y velocidades vehiculares.
- Ciclovías físicamente protegidas y conectadas.
- Entornos seguros alrededor de escuelas y hospitales.
Por separado pueden parecer obras pequeñas frente a un puente de cientos de millones de pesos. Construidas como una red, pueden transformar miles de recorridos diarios y reducir la exposición al riesgo en distintos puntos de la ciudad.
El resultado tampoco debería medirse solamente por los kilómetros de ciclovía construidos o las banquetas rehabilitadas. También importa saber si la infraestructura tiene continuidad, ofrece protección real, puede ser utilizada por personas con discapacidad y conecta con los destinos a los que la población necesita llegar.
Información necesaria para comparar prioridades
Para conocer cómo se distribuye la inversión en seguridad vial, los gobiernos estatal y municipales tendrían que publicar de manera accesible:
- El presupuesto definitivo y los estudios técnicos del Puente Margaritas.
- El registro oficial de accidentes, lesiones y fallecimientos en la zona.
- La inversión anual destinada a banquetas y cruces peatonales.
- El gasto específico en infraestructura ciclista protegida.
- Los puntos de riesgo identificados para cada tipo de usuario.
- Las obras realizadas, sus tiempos de ejecución y su ubicación.
- Los resultados obtenidos antes y después de cada intervención.
Esta información permitiría saber si el gasto público responde a los puntos donde ocurren más muertes y lesiones, así como verificar si la jerarquía establecida en la ley se está convirtiendo en obras concretas.
El Puente Margaritas puede ser una intervención necesaria para una zona que durante años ha solicitado una solución. Su construcción no debería enfrentarse ni competir con la infraestructura peatonal y ciclista.
Por el contrario, su magnitud demuestra que Aguascalientes cuenta con capacidad técnica, política y presupuestaria para responder cuando reconoce públicamente un riesgo.
El desafío es extender esa capacidad a toda la red vial: desde los grandes cruces carreteros hasta la banqueta rota, la intersección sin señalamiento o la ciclovía que desaparece antes de llegar a una avenida peligrosa.
La seguridad vial no debería depender del vehículo en el que una persona se desplaza. Si peatones y ciclistas ocupan los primeros lugares en la ley, esa prioridad también tendría que ser visible y medible en el presupuesto público.
