#OpiniónYAnálisis por #JavierMartínez
Javier Martínez
En el complejo ecosistema de las democracias modernas, la tentación de regular la conversación pública suele vestirse con el ropaje de las buenas intenciones. La más reciente iniciativa del gobierno de Claudia Sheinbaum sobre los “derechos de las audiencias” es un ejemplo de manual: bajo el pretexto de defender al ciudadano frente a los medios, se asoma la sombra de una censura de Estado que busca silenciar la crítica que el poder no puede desmantelar con argumentos.
La Mayoría Silenciosa no lo ha pedido, no lo necesita, pero tiene más de una década que los gobiernos pretenden reglamentar el derecho de las audiencias cuando en realidad quieren avanzar en la censura de los medios de comunicación que les son incómodos.
El primer gran foco rojo de este proyecto es su propia génesis. No existen lineamientos claros ni una metodología transparente para realizar la consulta pública de dicha iniciativa; las consultas que ha realizado Morena son sondeos porque carecen de un método matemático. Cuando un gobierno busca modificar las reglas del juego de la libertad de expresión a puerta cerrada o mediante consultas a modo, la sospecha no sólo es legítima, sino un deber de La Mayoría Silenciosa. ¿A quién se le consulta? ¿Bajo qué criterios? La opacidad inicial prefigura el espíritu del proyecto.
Lo verdaderamente alarmante es el trasfondo punitivo de la propuesta. La iniciativa parece diseñada para castigar de manera discrecional a los comunicadores y medios que cuestionen la narrativa oficial. En un Estado de derecho funcional, este tipo de controles resultan no solo excesivos, sino innecesarios. En México ya existen mecanismos institucionales y legales consolidados, como el derecho de réplica y las vías formales para emitir aclaraciones, a los que cualquier funcionario, político o ciudadano puede recurrir si considera que su información fue distorsionada. Exigir más herramientas de control sobre los medios no es buscar justicia informativa, es buscar impunidad discursiva.
Para entender el riesgo de este proyecto, es imprescindible abordar la enorme hipocresía conceptual en la que se asienta. En México se ha vuelto peligrosamente común confundir la libertad de expresión con la mentira, y ese vicio no nació en las redacciones periodísticas, sino en las tribunas del propio poder.
El antecedente inmediato es innegable: durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el ejercicio diario de las conferencias “mañaneras” se convirtió en una máquina industrial de desinformación. Diversos colectivos de periodistas y organizaciones de verificación documental contabilizaron miles de afirmaciones falsas, engañosas o verdades a medias emitidas desde la más alta tribuna del país. Nadie sancionó ni reguló al Ejecutivo por menoscabar la verdad pública. Resulta paradójico —y profundamente autoritario— que quienes usaron la palabra pública sin contención ni rigor durante seis años, hoy pretendan erigirse en los jueces de la verdad de los demás.
Con esta iniciativa, el gobierno de Claudia Sheinbaum mete al país en un terreno sumamente peligroso. La historia enseña que la censura nunca se detiene en su primer objetivo. Lo que hoy empieza como una restricción a los medios masivos de comunicación (radio y televisión), mañana se extenderá inevitablemente a la prensa escrita y a las redes sociales, el último reducto de debate libre e hiperconectado que le queda a la ciudadanía.
La libertad de expresión no requiere la tutela del gobierno para decidir qué es “correcto” escuchar o leer. Cuando el Estado se atribuye la facultad de decretar qué es verdad y qué es castigable, la prensa deja de ser un contrapeso y se convierte en un boletín oficial. Aceptar este antecedente es firmar un cheque en blanco a la censura.
El Diablo Dragón se convirtió en una Angelical Tortuga
Trabajos a medias, mal hechos, presunción al 100 por ciento, campañas publicitarias mediáticas; esa es la realidad de los 18 meses que lleva la administración municipal de Ricardo Moreno en Toluca, quien pretende percibirse como un estadista, pero su gobierno no tiene ni pies ni cabeza, presume de todo, pero no avanza en nada.
Ricardo Moreno ha presumido tres campañas de bacheo con decenas de brigadas atendiendo el problema de movilidad de los toluqueños; en ninguna ha logrado avances sustantivos, su estruendosa campaña del Diablo Dragón, como le llama a su máquina de repavimentación, fue un fiasco; lo poco que ha logrado no se ve ante la magnitud del problema; el Diablo Dragón parece una Angelical Tortuga.
De sus brigadas mejor no hablamos; la última vez dijo que había 61 grupos trabajando en bacheo, pero solo duran un mes en labores y después desaparecen, dejando los trabajos a medias y mal realizados, cuando deberían hacer un trabajo permanente por la magnitud del problema.
