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#Opinión | Vida pública. Los dichos vs. los hechos en seguridad

#OpiniónYAnálisis por #ArturoHuicochea

Arturo Huicochea

En el valle de Toluca, presidentes y presidentas municipales anuncian avances en seguridad. Han presumido patrullas nuevas, operativos conjuntos y reducciones de incidencia delictiva. Pero al revisar la información estadística más confiable como la del INEGI, sus dichos rara vez coinciden con los hechos. Sus declaraciones no están soportadas por evidencia que permita verificar qué metas se han propuesto ni en qué se basan para anunciar mejorías.

Todo indica que carecen de datos verificables y con metodología explícita para conciliar y confirmar sus versiones. Así no se puede evaluar los efectos de las cámaras de video vigilancia, los botones de pánico, el equipamiento de centros de comando y comunicación, o la reactivación del # 911.

  

Toluca merece mención especial porque es el único municipio del valle incluido en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI. Y el dato es demoledor: en abril de 2025, el 85.1% de los habitantes de Toluca declaró sentirse inseguro. Esto no es percepción “subjetiva”; es un indicador científicamente diseñado y recabado, que evidencia la desconexión entre los dichos y los hechos en seguridad.

De los otros municipios ni siquiera eso sabemos, porque al igual que la capital, sus ayuntamientos no han publicado su Programa Anual de Seguridad Municipal, a pesar de ser una obligación establecida en la Ley. Tampoco han transparentado avances en la implementación del Modelo Nacional de Policía de Proximidad y Justicia Cívica, ni del Modelo de Unidades de Investigación de Delitos en la Policía, que son instrumentos normativos del régimen actual.

Ignorar dichas disposiciones no solo es una falta administrativa de quienes presiden los ayuntamientos; es un error porque desperdician modelos diseñados a partir de experiencias exitosas en ciudades mexicanas como Escobedo, Morelia o Mérida, donde se logró reducir la violencia sin usar más recursos, sino con estrategias integrales, focalizadas y evaluables.

En este punto es preciso aclarar: Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y su similar estatal, no bastan, porque solo miden delitos denunciados, y en México, menos del 10% de los delitos se denuncian. Confiar en esos reportes es como diagnosticar la salud pública contando solo a quienes acuden al hospital. No refleja la realidad completa.

  

Y si los municipios no tienen sus propios indicadores, si no hay claridad sobre cuántos delitos ocurren realmente, cuántos se judicializan, cuántos terminan en sentencia o cómo evoluciona la percepción ciudadana, entonces no pueden saber si avanzan o retroceden. Y la verdad es que no lo saben.

Para mejorar la seguridad y recuperar la confianza ciudadana, los gobiernos municipales deben replantear su estrategia, con una política pública completa, sostenida y medible, comenzando con cuatro sencillos pasos urgentes:

  1. Publicar el Programa Anual de Seguridad Municipal, con diagnóstico municipal ad hoc, metas palpables, líneas de acción, plazos precisos y responsables identificados.
  2. Implementar el Modelo Nacional de Policía de Proximidad y Justicia Cívica, capacitando a las y los policías municipales en justicia cívica, enfoque comunitario y resolución de conflictos.
  3. Establecer Unidades de Investigación del Delito con capacidades básicas de análisis de investigación criminal, cadena de custodia, y atención integral a las víctimas.
  4. Medir la seguridad con indicadores confiables, como:
    1. Tasa de prevalencia delictiva: cuántas personas han sido víctimas.
    1. Tasa de incidencia delictiva: cuántos delitos se cometen, según encuesta.
    1. Tasa de judicialización: qué porcentaje de delitos termina en juicio.
    1. Reducción de la cifra negra: crecimiento en confianza para denunciar.
    1. Percepción de seguridad local: cómo se siente la gente en su entorno.

Si los gobiernos municipales implementan este enfoque basado en evidencia, bastaría con mostrar cifras, para obtener de la ciudadanía los bienes más escasos y apreciados en el servicio público: confianza electoral y legitimidad política.

  

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