Arturo Cravioto
Habitantes de la comunidad indígena de San José Zetina, de la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, municipio de Puebla, denunciaron el intento de despejo de 400 hectáreas, por parte de la inmobiliaria Vasur, S.A de C.V en su intentona por despojarnos de lo que legítimamente nos pertenece.
Denunciaron que está inmobiliaria, además está intentado apropiarse de otros ejidos de la zona, por lo que, junto con las 400 hectáreas de Azumiatla, estarían intentando hacerse de forma ilegal, mediante el aprovechamiento de lagunas legales, de más de 900 hectáreas de terreno egidal.
Detalló que en total, son 400 las familias afectadas por el intento de despojo de esta área ejidal, desde 2010 por parte de la empresa, en la cual detallaron ya hay construidas además de viviendas, escuelas e infraestructura de la comunidad.
Por ello, exigieron la intervención de las autoridades estatales para evitar este despojo, por parte de la empresa inmobiliaria Vasur.
Denunciaron que el Ayuntamiento se ha negado a otorgarles el reconocimiento para el pago del predial, los cual es preocupante, expresaron, debido a que con ello no se les reconoce la propiedad del predio.
Además denunciaron que han sido presionados de forma violenta, incluyo acuso que la empresa ha enviado delincuentes para intimidar a los pobladores con disparos de arma de fuego.
Por ello hizo responsable a las autoridades por lo que pudiera ocurrir, al señalar que están completamente al tanto de la situación.
Los colonos detallaron que se mantienen un litigio de décadas por 400 hectáreas de la ex hacienda San José Zetina quienes afirman ser propietarias legítimas desde generaciones, con herencias verbales y procesos de escrituración en curso.
La inmobiliaria Vasur S.A. de C.V., presuntamente ligada a los hermanos Javier y Guillermo Pacheco Pensado, hijos del exgobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, denuncian invasión ilegal desde 2023 y busca restituir el terreno para desarrollos inmobiliarios.
Los pobladores acusan acoso, amenazas, fabricación de delitos (como despojo contra ocho líderes) y tráfico de influencias, con intentos fallidos de desalojo por parte de la FGE y policía (al menos cuatro en 2025, el último con balazos y pedradas en noviembre 2024).
El caso involucra dilaciones judiciales, protestas y demandas de intervención al gobernador Alejandro Armenta Mier.
Finalmente denunciaron que, mediante un acuerdo reparatorio en noviembre 2024, se devolvió parte del terreno a Vasur, pero el conflicto persiste sin resolución.
