Autoridades de Tlahuelilpan y Tulancingo deberán ofrecer disculpa pública por el fallecimiento de personas que estaban detenidas en barandillas.
Pachuca de Soto, Hidalgo.- Lo anterior es parte de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), tras investigar los casos.
La ombudsperson del organismo autónomo, Ana Karen Parra Bonilla, agregó que el gobierno de Chapulhuacán deberá iniciar una investigación relacionada con las lesiones que ocasionaron discapacidad permanente a una persona retenida en barandilla.
Respecto a Chapulhuacán, indicó que se atendió una queja que señala a oficiales de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
En la investigación, la CDHEH concluyó que los servidores públicos cometieron omisiones durante la detención y traslado del agraviado, lo que resultó en la violación al derecho a la suficiente protección de persona, a la protección contra toda forma de violencia y derecho a la debida diligencia.
El gobierno de Chapulhuacán deberá designar a una persona como enlace con la CDHEH para seguimiento a otras recomendaciones sobre el caso.
En el caso de Tlahuelilpan, derivado de una publicación en redes sociales, sobre un hombre murió mientras estaba en el área de detención municipal la CDHEH inició una indagatoria en la que reunió los elementos para determinar que hubo violación de derechos humanos.
El órgano autónomo señaló como responsables de la violación al presidente municipal, la jueza conciliadora municipal y servidores públicos de las direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Los servidores públicos mencionados incurrieron en actos violatorios respecto al derecho a preservar la vida, a no ser sometido a violencia institucional, a la protección de personas, a recibir atención médica y psicológica y tratamiento especializado.
Mientras que en el caso de Tulancingo, se inició investigación sobre el caso del fallecimiento de una persona en la barandilla municipal, a partir de la publicación de una nota informativa, a la que se sumó queja presentada por los familiares del fallecido.
La ombudsperson indicó que con los medios de prueba, la Comisión determinó que policías, juez calificador y médico de guardia, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio, incurrieron en hechos violatorios en derecho a preservar la vida, a no ser sometido a violencia institucional, a la protección de personas, derecho a la valoración y certificación médica, a recibir atención médica y psicológica y tratamiento especializado.
En estos dos últimos casos, los alcaldes deberán ofrecer una disculpa pública a los familiares de las personas fallecidas, así como seguimiento a una serie de medidas para no repetir los hechos.
