A dos años y siete meses de distancia de la masacre de 22 presuntos delincuentes en el municipio de Tlatlaya, las autoridades de seguridad y justicia de Estado de México sentenciaron a prisión en el penal de Almoloya de Juárez a cuatro de los siete servidores de la ex tinta Procuraduría General de Justicia, vinculados por el delito de tortura contra tres de las mujeres sobrevivientes de hecho violento.
A diferencia de los ocho elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ligados a las presuntas ejecuciones extrajudiciales de los supuestos integrantes de la delincuencia organizada de la zona sur mexiquense y que fueron absueltos, los ministeriales se les encontraron culpables de violar los derechos humanos de los testigos del caso.
De acuerdo a las autoridades del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) se tratan de Gabriel Pineda Guerrero, Eulalio Hernández Martínez, Isabel Patricio Siles González y Jesús Antonio Vega Vázquez, quienes fueron sentenciado a tres años y ocho meses de prisión, luego de que aceptaron haber cometido actos de tortura contra las tres mujeres ligadas al caso ocurrido en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón.
Tras emitir su declaración, los ex ministeriales de la PGJEM fueron sometidos a un proceso abreviado que les permitió obtener una sentencia mínima por el delito; además de beneficios como la libertad anticipada, y ser multados con 100 mil pesos. Adicionalmente, se le determinó que deben pagar apenas la cantidad de 13 mil 980 pesos a sus víctimas.
Referente a los tres ex funcionaros restantes de la antigua procuraduría e involucrados en el en caso de tortura decidieron seguir con su proceso judicial para argumentar su inocencia, proceso que inició este 23 de enero y que se alargará en los próximos meses.
Cabe recordar que el 30 de junio del 2014 una vez de que las tres mujeres fueron rescatadas del presunto enfrentamiento entre fuerzas castrenses y delincuentes, acusaron, fueron sometidas a tortura para que fueran implicadas al caso.
No obstante, fue a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se defendió a las víctimas y se emitió una recomendación al Ejército y al Estad de México , que derivó en diversos puntos, entre ellos la protección y atención a las mujeres.
Gerardo GARCÍA
