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Rasuramiento de constructoras: dan de baja mil 500 y se quedan 600

por Daniel Martínez

Mil 500 empresas constructoras que daban sus servicios al Gobierno del Estado de Hidalgo, fueron dadas de baja, derivado de diversas irregularidades que les fueron encontradas.

Pachuca de Soto, Hidalgo.- Lo anterior fue confirmado por Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de la Contraloría estatal, señalando que actualmente ofrecen sus servicios a la administración local alrededor de 600 empresas constructoras.

La cifra significa que más de las dos terceras partes de las empresas constructoras fueron dadas de baja del padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Hidalgo.

“Las dimos de baja en el padrón de proveedores de contratistas, algunas vienen dentro de las denuncias que hemos presentado. Cuando nosotros ingresamos detectamos obras que ni siquiera estaban hechas y sí fueron cobradas, por eso las denunciamos”.

Ello fue señalado por el funcionario estatal, al referirse a obras que han sido supervisadas por el organismo a su cargo.

Bardales Ramírez señaló que hasta el momento se han presentado quince 15 denuncias contra constructoras por obras mal ejecutadas y cuyos daños ascienden a los 100 mil pesos.

“Nosotros denunciamos que las obras estaban mal hechas, eso no implica que continúen en ese estado sino que llevan un proceso de carácter legal y una reparación del daño”, señaló.

Las obras corresponden a municipios como San Felipe Orizatlán, Huejutla, Tezontepec de Aldama y Apan.

estacó que se cuenta con una garantía de un año posterior a la realización de la obra, por lo que son las empresas quienes están cubriendo los gastos extras.

Agregó que el gobierno estatal no está realizando gastos extras por los detalles encontrados en las obras, pues para ello se debe aplicar la fianza o fondo de responsabilidad que deben presentar las empresas constructoras.

Enfatizó que la vigilancia de los proveedores se convirtió en un trabajo permanente y no solo limitada al proceso de la entrega recepción.

Lo anterior, para garantizar la adecuada aplicación de los recursos financieros dispuestos para la obra pública.

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