El acuerdo entre ambas partes permitió reducir la pena y establecer que el resto de la condena será cumplida en libertad, bajo custodia judicial y con condiciones específicas impuestas por el tribunal.
Ian Arriaga
Pese a haber sido condenada a 2 años, 8 meses y 24 días de prisión por el delito de lesiones dolosas que pusieron en riesgo la vida de la modelo Valentina Gilabert, la influencer Marianne Gonzaga salió de prisión la noche del miércoles 23 de julio, luego de llegar a un acuerdo con la víctima y acogerse a medidas alternativas al internamiento.
La joven permaneció privada de su libertad durante cinco meses, tiempo en el que se desarrolló el proceso penal por el ataque ocurrido el pasado 5 de febrero en un conjunto habitacional de la alcaldía Álvaro Obregón, cuando, según la investigación, Marianne ingresó al departamento de su ex pareja y sostuvo una discusión con Valentina que terminó en una agresión con arma punzocortante.
El acuerdo entre ambas partes permitió reducir la pena y establecer que el resto de la condena será cumplida en libertad, bajo custodia judicial y con condiciones específicas impuestas por el tribunal. La influencer deberá pagar también una reparación del daño por 750 mil pesos, monto que se cubrirá en pagos diferidos.
Valentina Gilabert confirmó la liberación de Gonzaga a través de un video en sus redes sociales, en el que explicó que el acuerdo fue avalado por ambas partes y sus familias, y que el juez determinó que Marianne podrá permanecer en libertad siempre que cumpla con las reglas y medidas establecidas.
“Marianne se disculpó conmigo personalmente. Yo le dije que la perdono. Todos merecen una segunda oportunidad y no soy nadie para privar a alguien de su libertad si puede hacerse responsable”, expresó Valentina.
La modelo también aseguró que no existen rencillas entre ellas ni entre sus familias, y aclaró que ambas continuarán con sus vidas por separado.
Por ahora, Marianne Gonzaga permanecerá bajo supervisión judicial mientras cumple las condiciones impuestas, entre ellas el seguimiento psicológico, restricciones de acercamiento a la víctima y el pago de la reparación del daño, en lo que representa un caso mediático que ha generado debate sobre justicia restaurativa y responsabilidad penal en adolescentes.
