El operativo incluyó 30 cateos y 145 inspecciones a los establecimientos, y se logró el aseguramiento de diversas dosis de narcóticos como marihuana, cocaína y cristal, así como armas de fuego y otros indicios.
Ian Arriaga
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en colaboración con diversas autoridades federales y estatales, llevó a cabo la operación “Atarraya” en 27 municipios de la entidad, asegurando 175 establecimientos, entre bares y “chelerías”, que presuntamente estaban relacionados con actividades ilícitas, como el consumo y tráfico de sustancias ilegales, trata de personas, y extorsión.
La operación contó con la participación de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), así como la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y Protección Civil, además de la intervención del Poder Judicial del Estado de México.
El operativo incluyó 30 cateos y 145 inspecciones a los establecimientos, y se logró el aseguramiento de diversas dosis de narcóticos como marihuana, cocaína y cristal, así como armas de fuego y otros indicios. También se identificaron y protegieron a víctimas de delitos, principalmente menores de edad, a quienes se les vendieron bebidas alcohólicas y drogas, y en algunos casos, se les extorsionó para forzarlos a consumirlas. Además, en Ecatepec, fueron rescatados cuatro perros presuntamente víctimas de maltrato animal.
Durante la operación, se detuvo a 26 personas, quienes fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica en un plazo de 48 horas.
Las investigaciones previas realizadas por la Fiscalía del Estado de México refuerzan la hipótesis de que estos establecimientos eran utilizados como fuentes de financiamiento de grupos criminales, operando en contubernio con algunos sectores municipales. La operación “Atarraya” es parte de una estrategia integral para combatir delitos de alto impacto en la entidad y para investigar la posible colusión de servidores públicos en actividades delictivas.
