El robo de animales de compañía se ha convertido en un problema creciente en la Ciudad de México y otras entidades, afectando directamente a miles de familias. Solo en 2024, la Agencia de Atención Animal recibió al menos 40 denuncias por secuestro de mascotas, con exigencias de rescate de hasta 50 mil pesos. Las alcaldías con mayor incidencia son Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, donde el robo de perros ha crecido 125% en los últimos 12 años.
Actualmente, la legislación mexicana no reconoce el secuestro de mascotas como un delito autónomo, lo que deja un vacío legal que permite la extorsión y la reventa de animales. Para atender esta situación, el diputado federal Carlos G. Mancilla presentó una iniciativa para reformar el artículo 365 del Código Penal Federal, proponiendo sanciones de 3 a 10 meses de prisión, multas y penas más severas si se comete con violencia, maltrato o involucra animales de servicio, asistencia o apoyo emocional.
La propuesta también busca armonizar la legislación local y federal, fortalecer fiscalías especializadas como la FIDAMPU y vincular el delito con registros de identificación que faciliten la restitución del animal a su familia. Mancilla destacó que esta reforma no solo protege a los animales, sino que también ayuda a reducir extorsiones, peleas clandestinas y mercados ilícitos de mascotas.
“Este es un problema que afecta directamente a las familias mexicanas y genera miedo, pérdidas y extorsiones. Con esta reforma damos un paso firme para que el Estado persiga y sancione con eficacia el secuestro de mascotas”, aseguró el legislador.
