#Opinión #VidaLegal Arturo Argente Villarreal
- La sombra del narco se ha posado sobre los diferentes gobiernos del estado de Tamaulipas en las últimas décadas.
Desde Manuel Cavazos Lerma, quien gobernó dicho estado de 1993 a 1999; Tomás Yarrington, qué ocupó la gubernatura de Tamaulipas de 1999 al 2004, y que actualmente se encuentra sujeto a un juicio por lavado de dinero ante un tribunal federal en Texas, en Estados Unidos, desde el pasado 25 de marzo y que admitió haber aceptado más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales; Eugenio Hernández Flores, gobernador de Tamaulipas, posterior al periodo de Yarrington, y que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada ( SEIDO ), le incautó propiedades en Cancún y Playa del Carmen Quintana Roo, a dónde se mudó tras dejar la gubernatura, y que en el 2015 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo denunció por conspiración por lavado de dinero.
Actualmente Eugenio Hernández Flores se encuentra detenido, desde el 17 de octubre del 2017, acusado de peculado.
Y el último caso encabezado por el actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca cuyo mandato finaliza en 2022 y que se le acusa, en tiempos electorales, por delitos de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal por la Fiscalía General de la República (FGR), delito que se sanciona con penas de 3 a 9 años de prisión.
El último día de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, que fue el 30 de abril del presente año, la Cámara de Diputados voto por remover el fuero del gobernador del estado de Tamaulipas.
Horas después la legislatura del estado de Tamaulipas se negó a convalidar dicha decisión.
Este asunto llegó a la Suprema Corte donde se trata de aclarar el contexto del artículo 110 constitucional, el cual introduce una clara distinción en el procedimiento de juicio político para el desafuero los funcionarios federales, senadores, diputados, ministros de la corte, consejeros de la judicatura, secretarios de estado; y los funcionarios locales, gobernadores, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores, etcétera.
El procedimiento para el juicio político sobre los funcionarios federales recae en la Cámara de Diputados y la remite a la de Senadores, pero en el caso de los funcionarios locales, como es el caso de García Cabeza de Vaca, el mencionado artículo dice que la resolución de la Cámara de Diputados es únicamente declarativa y se deberá comunicar a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como a derecho corresponda.
Esto se deriva a que somos una república federal y que cada entidad federativa goza de cierta autonomía.
Es así como el legislador no quiso dejar en manos del poder federal la decisión absoluta de tener injerencia en asuntos qué depende de cada Congreso local.
Asimismo, el artículo 111 de nuestra carta magna señala que para proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas se seguirá el mismo procedimiento establecido en el artículo que se refiere a la remoción de los funcionarios federales, pero que en ejercicio de sus atribuciones cada Congreso local deberá proceder como derecho corresponda.
Esta interpretación deriva en un debate constitucional que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El ministro González Alcántara recibió la presente controversia y decidió proceder al desechamiento de dicha disputa y en consecuencia mantener la postura del Congreso de Tamaulipas y no remover el fuero del actual gobernador de dicho estado.
Este desechamiento sólo puede ser reclamado por el Congreso local, pero al resultar beneficiado por la decisión de la Suprema Corte puede suponerse que no habrá mayor debate sobre este asunto.
Por todo lo anterior, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca seguirá en ejercicio de su encargo, usando el fuero constitucional, hasta el último día de su cargo como gobernador.
Esto representa un duro golpe para la actual administración de la 4t que buscaba descarrilar la administración de García Cabeza de Vaca en el estado de Tamaulipas y le da a la mayor fuerza al bloque que comprende los estados de la “alianza federalista”.
Toda esta tormenta aparece en medio de las campañas electorales afectadas por la violencia tanto del crimen organizado como de la activa intromisión presidencial en los comicios federales y locales.
Todavía esta historia tiene mucho que dar.
