Pachuca de Soto, Hidalgo.- El delegado del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) de Hidalgo Abraham Rublúo Parra indicó que el asunto de los trabajadores del programa de inclusión social Prospera que fueron dados de baja por el gobierno federal no debe politizarse, eso después de que algunos empleados de la salud estuvieran pronunciándose sobre el tema.
Recientemente, la lideresa de la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) Sonia Ocampo asistió al Congreso del estado para manifestar su apoyo a los empleados de Prospera que perderán su empleo, ya que además eso generará cargas aún mayores de trabajo para los servidores que están en los hospitales.
En entrevista, Sonia Ocampo expresó que los 220 trabajadores dados de baja no son parte de los agremiados, no obstante, fungen con un papel importante del sector salud ya que trabajan como enfermeras, nutriólogos, psicólogos y personal administrativo.
Explicó que ese recurso laboral que disminuye también impactará en la forma en la que dan atención, el año pasado los equipos de trabajo brindaron 54 mil servicios, que serán disminuidos dado el recorte del personal.
Al respecto, el delegado Abraham Rublúo mencionó que ese tema no debe ser politizado, ya que están tratando el tema con el gobierno federal y no debe mezclarse si cuentan o no con el respaldo de alguna organización.
Aseguró que entre el Congreso, el régimen y la delegación estatal buscan que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redirija el recurso, ya que además del pago también está siendo mermada la etiqueta para medicamentos y otros rubros.
Tras una nueva reunión para revisar la condición laboral de esas personas, el delegado del REPSS Abraham Rublúo explicó en entrevista que continúan sin resolver la situación, además de que no fueron depositadas las últimas quincenas y esperan que el Ejecutivo federal les resuelva acerca del recurso.
Recordó que en febrero les notificaron que desde enero debieron dar de baja a los trabajadores; ahora buscan resolver con los tres órdenes de gobierno y el Poder Legislativo que la SHCP vuelva a etiquetar el recurso y contemple la operación no solo de los trabajadores, sino del régimen de atención para la población vulnerable.
Hasta febrero, el gobierno estatal entregó más de 6 millones de pesos para nómina, sin embargo, para las siguientes quincenas no hay certeza de pago, ya que la bolsa correspondía a recursos extraordinarios de aportación federal.
Por Daniel Martínez Martínez
