Los académicos de la BUAP reconocieron que hay disposiciones positivas en la Ley, pero la redacción imprecisa genera suspicacias
Académicos de la BUAP se pronuncian por ser incluidos en el diálogo y consenso por parte del Congreso de Puebla para subsanar las impresiones en la Ley de Educación en Puebla; lo anterior, como resultado del Foro “Los Retos de la Educación Pública Superior en México”.
Los académicos que conforman el Comité, donde destacan nombres como Francisco Vélez Pliego, Maria Eugenia Mendoza, Martha Palomino, Carlos Figueroa Ibarra, José Luis Carrillo, Giuseppe Lo Brutto, Víctor Tamariz, Rosalía Castelán y Ada Cabrera, coincidieron en que la legislatura local prácticamente agotó los tiempos establecidos para aprobar el proyecto de reformas a la Ley Estatal de Educación, sin realizar consulta con actores de la vida educativa de la entidad.
“Realizar ésta consulta hubiera puesto de manifiesto una voluntad de diálogo del Congreso local. Este intercambio de opiniones habría esclarecido los alcances y sentido de las normas aprobadas por el órgano legislativo” el pasado 15 de mayo.
No todo es malo
En el análisis de la ley, los académicos reconocieron que hay disposiciones positivas para el sector educativo, en beneficio de los alumnos y sus familias, como refrendar que la educación en Puebla tendrá un carácter obligatorio, como derecho humano universal, también el que el Gobierno mantenga supervisión y regulación sobre la educación privada, para evitar abusos, que la Secretaría de Educación se encargue del Programa Educativo Estatal que “contendrá de manera integral aspectos sobre la infraestructura.
De igual manera consideraron positivo que se establezca sanciones y clausura a las instituciones que impartan educación sin autorización, así como establecer la transparencia y rendición de cuentas públicas y particulares, regular el uso de colores y nombres en los planteles públicos del sistema educativo estatal a efecto de que con ellos no se haga proselitismo, la regulaciones de los costos en la prestación de los servicios educativos. Igualmente avalaron la penalización a escuelas particulares que nieguen el acceso a la educación a quienes no porten el uniforme. De igual manera que en el mismo artículo se prohíba la retención de documentos personales o académicos a quienes tengan adeudos.
Concluyeron también que no hay riesgo de expropiación de inmuebles con esta ley que emana de la Ley federal.
Refacción ambigua
Sin embargo, señalaron que las preocupaciones que se han generado, son motivadas por la redacción imprecisa de ciertos artículos como, por ejemplo, el 12 de la Ley Estatal de Educación, cuya redacción genérica da a entender que sus disposiciones abarcan tanto a las instituciones públicas como privadas, y no queda claro en cuáles casos la norma invocada es aplicable a las primeras o a las segundas o a ambas.
Más preocupante, señalan, es el hecho de que a diferencia de la Ley General de Educación, artículo 119, en el que la federación se compromete a un mínimo del 8% del PIB para la educación pública en sus diversos niveles y modalidades, así como al menos el 1% del PIB a la Educación Superior y a la investigación científica, en el caso de la legislación estatal, artículo 121, no hay ningún compromiso con respecto al tema.
Por todo lo anterior, destacaron que la legislación tanto Federal como Estatal debe todavía ser complementada con la expedición de una nueva Ley General de Educación Superior y otros instrumentos normativos.
Por ello, consideraron deseable, que las imprecisiones que contiene la legislación estatal sean subsanadas a la brevedad posible y que en el caso de la educación superior, la legislación correspondiente sea el resultado de un intenso intercambio de opiniones entre los legisladores y los diversos
actores del sistema educativo universitario y tecnológico de la entidad a fin de que el nuevo marco jurídico cuente con el más amplio consenso.
Hay voluntad para colaborar con el Congreso
En este sentido, como parte de la comunidad universitaria de la Máxima Casa de Estudios del Estado anunciaron que estarán “atentos a la convocatoria que se emita desde el Congreso del Estado para dialogar, bajo el rol de interlocutores, en torno a aquellos elementos que son propuestos, u omitidos, en la Ley de Educación del Estado de Puebla, que afecten el desarrollo de la educación media superior y superior en nuestra entidad”.
