El amparo promovido por el rector de la BUAP es contra el gobernador Miguel Barbosa Huerta
El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, se amparó contra una posible orden de aprehensión.
A través del Consejo de la Judicatura Federal, se dio a conocer que el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla resolvió procedente la solicitud de amparo promovida por el rector de la BUAP contra una posible orden de aprehensión o cualquier acto legal de parte del gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Con el número de expediente 324/2020, se publicó “admite la demanda de amparo promovida por José Alfonso Esparza Ortiz, por propio derecho, contra actos del 1 Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, 2. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, a través de quien legalmente lo represente. 3. Comisión Inspectora del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, a través de quien legalmente la represente, 4. Auditoría Superior del Estado Libre y Soberano de Puebla, a través de quien legalmente lo represente, 5. Fiscal General del Estado de Puebla y 6. Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado Libre y Soberano de Puebla”.
Lo anterior, en respuesta a que el quejoso “afirma tener el temor de ser detenido sin orden judicial y fuera de procedimiento”.
Cabe recordar que en lo que va de la administración de Miguel Barbosa, como gobernador de Puebla, el gobierno del Estado y el Congreso de Puebla han promovido una serie de acciones dirigidas a la BUAP y en específico al rector Alfonso Esparza, como la investigación sobre presunto mal manejo de recursos en el equipo de Lobos BUAP, donde el mandatario estatal también anunció investigación sobre los ingresos económicos de la hija del rector, Luz Andrea Esparza Guevara.
Por otra parte, los anuncios del Ejecutivo del Legislativo local para crear órganos externos de control de la casa de estudios, mediante la auditoría de los recursos públicos que maneja la Universidad y posteriormente el intento de tomar control de los recursos materiales del Hospital Universitario para la atención de pacientes COVID-19, todo lo anterior rechazado por el Consejo Universitario al considerar estas acciones como violaciones a la autonomía Universitaria.
