Ya son 63 millones de números registrados
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió el registro obligatorio de líneas telefónicas como una medida enfocada exclusivamente en combatir delitos como la extorsión, ante las dudas que ha generado la implementación del mecanismo. En este sentido, la mandataria sostuvo que la identificación de los usuarios busca reducir el anonimato con el que actualmente pueden adquirirse algunos chips y, por lo tanto, dificultar que las líneas telefónicas sean utilizadas para cometer fraudes o exigir dinero mediante llamadas y mensajes.
Y es que Sheinbaum afirmó que el registro no contempla objetivos distintos a la prevención del delito y rechazó que existan propósitos ocultos detrás de la medida. Al explicar la lógica de la estrategia, señaló que “solamente existe la intención de prevenir la extorsión”, debido a que eliminar el anonimato en la adquisición de líneas debería dificultar que los delincuentes utilicen números telefónicos para desarrollar este tipo de actividades. Por lo que, indicó, se busca establecer mayores controles desde el momento en que una persona adquiere una tarjeta SIM. Por ejemplo, una línea registrada permite asociar el número telefónico con un usuario, lo que puede contribuir a las investigaciones cuando sea utilizada para cometer un delito.
“¿Quién conserva el directorio? La compañía, no lo tiene el gobierno. Es solamente a petición del gobierno o de un juez que se diga a quién pertenece el número de teléfono. Es una acción preventiva; ya no va a ser tan fácil comprar 10 chips y andarlos cambiando en el teléfono para poder extorsionar. Tiene que ver con disminuir ese delito que sigue afectando muchas personas”, explicó.
Con respecto al avance del registro, al momento ya se han identificado 63 millones de líneas telefónicas en el país, de las cuales 40.2 millones corresponden a servicios de prepago y 22.8 millones a modalidades de postpago.
Si bien la medida ha generado dudas entre usuarios por sus implicaciones en materia de privacidad y protección de datos, el Gobierno federal sostiene que el objetivo no es vigilar las comunicaciones personales, sino establecer mecanismos de identificación para las líneas telefónicas. Sin embargo, el cambio representa una modificación relevante respecto a las condiciones anteriores, toda vez que México dejará de permitir la adquisición de chips sin identificación y se incorporará a una práctica que, según la información presentada por la presidenta, ya se encuentra vigente en 166 países.