- Las magistradas Janine Otálora y Mónica Soto consideran que el INE no está calificado para imponer sanciones
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que 15 gobernadores y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum cometieron 98 ilícitos por promocionar la revocación de mandato en periodo prohibido.
El magistrado Felipe de la Mata tras presentar su proyecto, señaló que los mandatarios estatales cometieron infracciones de propaganda personalizada del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la vulneración del principio de neutralidad durante el proceso de revocación de mandato, lo cual establece que:
“Ante la desobediencia reiterada de las personas servidoras públicas de respetar la Constitución, la pregunta que debemos hacernos es ¿Cuál es la actitud que debe adoptar el Tribunal ante esta transgresión? Para mí, la respuesta es más que evidente: se deben adoptar todas las medidas necesarias para hacer respetar la Constitución como fundamento del orden jurídico de nuestro país”, subrayó.
Con cuatro votos a favor y tres en contra de los magistrados José Luis Vargas, Mónica Soto e Indalfer Infante, quienes no compartieron la resolución sobre la posible pérdida del “modo honesto de vivir”, el proyecto fue aprobado.
En la propuesta original, el magistrado propuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) defina los lineamientos para detectar estos ilícitos constitucionales, así como sus sanciones como por ejemplo la pérdida del modo honesto de vivir y el registro a futuras candidaturas. Sin embargo, ésta no fue compartida por el resto del pleno.
La magistrada Janine Otálora consideró que la propuesta excedía las jurisdicciones del INE, al identificar bajo qué supuestos una persona puede perder el “modo honesto de vivir”.
Por otro lado la magistrada Mónica Soto dijo que el INE no está calificado para emitir estas reglas, pues implica la imposición de una sanción por violación a las reglas de uso de recursos públicos y comunicación gubernamental, así como aspectos que conllevan la pérdida del modo honesto de vivir.
Por su parte, el magistrado Indalfer Infante consideró que no se trata de propaganda gubernamental, porque no fue un acto espontáneo ni con el fin de difundir logros del gobierno, sino que fue una respuesta a un pronunciamiento del Parlamento Europeo.
