En un documento señaló su preocupación por los problemas estructurales que ponen en riesgo la adecuada implementación de la nueva Ley General en la materia, que lleva seis meses de vigencia.
El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda expresó su primera recomendación sobre los problemas estructurales que considera ponen en riesgo la implementación de la nueva Ley General en materia de búsqueda
La hizo a las instituciones de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación (Segob)y a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en un documento donde identifica los obstáculos de recursos materiales que poner en marcha las tareas básicas de búsqueda e investigación.
El Consejo Ciudadano señaló en un documento que en muchas entidades federativas las comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas no han sido conformadas; además de que en el nivel federal no se cuenta con el personal y recursos mínimos para responder operativamente a los reportes y denuncias de personas desaparecidas.
El documento entregado el pasado miércoles, señala las deficiencias en las técnicas de desarrollo de nuevos instrumentos de política pública, como el Protocolo Homologado de Investigación, que es fundamental para unificar la actuación de los servidores públicos responsables de la investigación.
El Consejo Nacional Ciudadano resalta que en la implementación de la Ley General se ha reproducido la falta de coordinación entre autoridades federales y estatales, así como la falta de mecanismos que garanticen la consulta y participación de las familias, con el fin de que sus opiniones y observaciones sean incorporadas en la elaboración de documentos básicos como los Protocolos Homologados, tal como lo señala la Ley General.
Con el fin de modificar las deficiencias, recomendaron un gestionamiento de los recursos para cada operación de las instituciones, así como de atender sus observaciones técnicas sobre el Protocolo Homologado de Investigación
El Consejo también enfatizó la urgente necesidad de garantizar no sólo la capacitación y recursos para el personal encargado, sino también que tanto víctimas como personal ministerial cuenten con las medidas de seguridad necesarias desarrollar sus actividades para impulsar la búsqueda de personas.
