Elaboró un diagnóstico en el que se revela que sólo 10 de los 125 municipios mexiquenses cumplen condiciones mínimas en sus juzgados cívicos
Por: Alberto Dzib
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitirá este año una recomendación general a los ayuntamientos que no han cumplido con la Ley de Justicia Cívica, vigente desde el año pasado, informó la presidenta del organismo, Myrna García Morón, al presentar los resultados del primer diagnóstico sobre la implementación de dicha ley.
El análisis, realizado entre septiembre de 2023 y mayo de 2024, evaluó a 125 municipios y reveló que sólo 10 cumplen con las condiciones mínimas para garantizar derechos como la integridad personal, el debido proceso, la salud y la seguridad jurídica en los juzgados cívicos.
Indicó que el segundo diagnóstico, ahora con nuevas administraciones municipales está en marcha y los resultados se darán a conocer en agosto. Quienes incumplan en esta nueva evaluación, serán parte de la recomendación general.
“El siguiente paso tiene que derivar en una recomendación, porque la ley fue muy clara, la implementación tenía que ser a partir de 2024, y los ediles tienen la obligación de hacer una observancia exacta de esta ley”, expresó García Morón.
El primer estudio incluyó 245 reactivos aplicados a jueces cívicos, elementos de seguridad pública y personal médico; entre los principales problemas identificados se encuentran instalaciones en malas condiciones, deficiencias en los registros de detención, uso excesivo de la fuerza y carencia de servicios básicos en las estancias temporales.
Los municipios con mejor cumplimiento fueron Tecámac (83.26%), Atizapán de Zaragoza (75.62%), Lerma (69.79%), Otumba (68.36%) y Aculco (66.10%). Otros cinco con calificaciones superiores al 60% son Chiautla, Acambay, Papalotla, Texcoco y Ecatzingo.
Por el contrario, las evaluaciones más bajas corresponden a Malinalco (4.38%), Jaltenco (6.44%), Ixtapan del Oro (7.31%), Acolman (8.36%), Teotihuacán (8.63%), San Simón de Guerrero (8.77%), Santa Cruz Atizapán (8.84%), Capulhuac (8.90%), Mexicalcingo (9.18%) y Tonanitla (9.32%).
“Este diagnóstico lo hicimos para la ciudadanía, pero también para ustedes, los municipios, para que se evalúen”, dijo García Morón, quien detalló que el estudio fue cualitativo y se enfocó en los derechos humanos susceptibles de ser vulnerados en los espacios de detención.
La ombudsperson recordó que en municipios como Toluca, Atizapán, Ecatepec y Santa Cruz Atizapán se han emitido recomendaciones específicas tras documentarse muertes de personas bajo custodia por uso excesivo de la fuerza o negligencia durante su retención.
Aunque reconoció que ciertos aspectos de la normativa de Justicia Cívica requieren inversión pública, afirmó que hay medidas que pueden aplicarse mediante voluntad política y adecuaciones administrativas por parte de las autoridades municipales.
Alberto Dzib
