El modelo mexiquense cuenta con fiscalía especializada, participación ciudadana y tribunales exclusivos para sancionar faltas graves, una estructura que no se replica en la mayoría de las entidades
Alberto Dzib
A casi nueve años de la puesta en marcha del Sistema Anticorrupción del Estado de México, la entidad cuenta con una estructura institucional que la coloca por encima de la mayoría de los estados del país en materia de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, aseguró el presiente de Comité de Participación Ciudadana (CPC), Alberto Gándara Ruíz Esparza.
Sostuvo que la principal diferencia radica en que el modelo mexiquense cuenta con todos los componentes previstos desde la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, además de órganos especializados que operan exclusivamente en esta materia.
Mientras en otras entidades los casos de responsabilidades administrativas comparten espacio con litigios fiscales o controversias administrativas, en el caso estatal existen salas y secciones especializadas dentro del Tribunal de Justicia Administrativa dedicadas únicamente a resolver este tipo de asuntos, lo que permite una atención más focalizada de los expedientes relacionados con faltas graves cometidas por servidores públicos.
“Aquí en el Estado de México tenemos salas y una sección especializada que únicamente resuelve asuntos de responsabilidad administrativa y responsabilidad patrimonial del Estado. Eso le da una fortaleza muy importante porque los magistrados únicamente están enfocados a esos temas”.
El representante ciudadano destacó además la existencia de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, una Comisión Ejecutiva, un órgano de gobierno y una Política Estatal Anticorrupción que fija metas y acciones sujetas a evaluación periódica, elementos que, aseguró, no están plenamente desarrollados en varios sistemas estatales del país.
No obstante, reconoció que la consolidación institucional no significa que el problema de la corrupción esté resuelto y señaló que aún existen áreas de oportunidad para fortalecer la Ley de Responsabilidades Administrativas y mejorar mecanismos preventivos que permitan detectar irregularidades antes de que se conviertan en conductas sancionables.
