La iniciativa propone nuevos controles para evitar sobreprecios y avalúos simulados en el arrendamiento de inmuebles del sector público; el legislador aseguró que existen contratos con rentas superiores al medio millón de pesos mensuales
Alberto Dzib
El Congreso del Estado de México recibió una iniciativa para reformar la Ley de Contratación Pública a fin de reducir el gasto destinado al arrendamiento de inmuebles utilizados por dependencias estatales, organismos autónomos y ayuntamientos, mediante nuevos criterios de contratación y mecanismos para prevenir sobreprecios y avalúos irregulares.
La propuesta, presentada por el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, plantea que la selección de inmuebles ya no dependa únicamente del costo de la renta, sino que también considere aspectos como eficiencia energética, accesibilidad, sustentabilidad y el potencial para generar ahorros a las finanzas públicas.
Además, contempla desechar ofertas respaldadas por avalúos simulados, dar vista a las autoridades competentes para investigar posibles responsabilidades administrativas e impedir que personas físicas o morales que incurran en sobreprecios o incumplimientos en las condiciones de mantenimiento y seguridad vuelvan a contratar con el sector público.
“Los aspectos más relevantes buscan reducir el gasto excesivo en el arrendamiento de inmuebles para oficinas gubernamentales, promover mayor transparencia y disciplina financiera en la contratación pública, introducir criterios ambientales y de eficiencia como elementos de evaluación de las propuestas y reforzar los mecanismos para prevenir actos de simulación y prácticas que afecten el patrimonio público”.
Durante la presentación de la iniciativa, el legislador sostuvo que en el Estado de México existe un problema de rentas excesivas en inmuebles ocupados por instituciones públicas y afirmó que actualmente alrededor de 600 edificios son arrendados por dependencias, organismos autónomos y ayuntamientos, con contratos que, dijo, en algunos casos presentan costos superiores a los del mercado.
Como ejemplo, mencionó el inmueble que ocupa el Tribunal Electoral del Estado de México, del cual aseguró que mantiene un contrato de arrendamiento cercano al medio millón de pesos mensuales por un periodo de diez años, pese a que, afirmó, ninguna autoridad debería comprometer contratos que rebasen la duración de su encargo.
“Tenemos un serio problema en esta industria del arrendamiento, hay sobreprecios muy seguramente en colusión con administraciones del pasado que suscribieron contratos más allá de su periodo y apremia que el Estado y esta Legislatura reconozcamos este grave problema”.
La iniciativa fue turnada a las comisiones legislativas de Combate a la Corrupción y Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para su análisis y eventual dictaminación.
