La Fiscalía del Estado de México investiga un esquema de simulación de plazas docentes operado desde 2021 que habría causado un daño superior a 96 millones de pesos
Redacción KBG
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejercitó acción penal contra 33 exservidores públicos, funcionarios en activo y particulares, presuntamente involucrados en un esquema ilegal de manipulación y explotación de plazas del Gobierno del Estado de México, de los cuales 26 ya fueron vinculados a proceso.
De acuerdo con la investigación, el esquema operaba desde 2021 mediante la asignación irregular de plazas docentes a personas que no realizaban funciones reales, conocidas como “aviadores”, quienes cobraban salarios de hasta 200 mil pesos sin desempeñar labores, generando un daño al erario estatal.
Entre los señalados se encuentran dos exsubsecretarios, dos exdirectores generales, dos exdelegados administrativos, un excoordinador de delegaciones, además de directores, subdirectores y personal operativo de dependencias como la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad, la Oficialía Mayor y la SECTI.
La Fiscalía detalló que los implicados habrían utilizado sistemas administrativos y de nómina para dar de alta a supuestos docentes en planteles inexistentes o inactivos, además de operar con redes de “reclutadores” que retenían tarjetas bancarias y dispersaban recursos entre los integrantes del esquema.
Las investigaciones también revelan que algunos funcionarios recibían pagos por cada alta irregular realizada, mientras que los titulares de las plazas obtenían solo una mínima parte del salario registrado, en algunos casos apenas 6 mil pesos de montos que podían alcanzar los 200 mil.
Asimismo, se detectó la participación de personal con acceso a sistemas de nómina que habría facilitado el registro de movimientos irregulares, incluso durante horarios inusuales para evitar ser detectados.
La FGJEM señaló que las conductas investigadas habrían generado un daño superior a 96 millones de pesos en un periodo de poco más de un año, además de beneficios indebidos mediante plazas asignadas con fines de control laboral y económico.
