La medida cautelar impide afectar tierras, bosques y cuerpos de agua de la comunidad indígena de San Lucas Totolmaloya, en Aculco, hasta que se emita una sentencia definitiva en el juicio de amparo
Berenice León
Una suspensión de oficio y de plano concedida por el Poder Judicial de la Federación mantiene protegidos cerca de tres kilómetros del trazo proyectado para la autopista Atlacomulco-Polotitlán, dentro de la comunidad indígena de San Lucas Totolmaloya, en el municipio de Aculco, donde quedaron suspendidos los trabajos relacionados con la obra mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por sus habitantes.
La medida cautelar protege tierras comunales, ejidos, caminos de ganado, zonas boscosas y cuerpos de agua ubicados dentro de ese tramo. Sin embargo, su alcance se limita a la superficie comprendida en la demanda de amparo, por lo que el resto del proyecto carretero podría continuar en las zonas donde no exista algún otro recurso legal que impida su ejecución.
Alejandro Javier Becerril, asesor jurídico del movimiento “Unidos por Aculco en Defensa de Nuestras Tierras”, explicó que la resolución tiene como finalidad preservar las condiciones actuales del territorio hasta que el órgano jurisdiccional emita una sentencia definitiva sobre el juicio de amparo.
“Jurídicamente es una medida provisional que garantiza que las tierras de la comunidad indígena de San Lucas Totolmaloya no puedan ser afectadas, invadidas o utilizadas para la construcción de la autopista Atlacomulco-Polotitlán, hasta en tanto no quede firme y definitiva la sentencia que resuelva el juicio de amparo”, explicó.
El representante legal precisó que la suspensión no implica la paralización total del proyecto carretero, ya que únicamente protege el territorio de la comunidad indígena que promovió el recurso legal.
“Como el amparo fue presentado por la comunidad indígena, única y exclusivamente abarca y protege las tierras de San Lucas Totolmaloya. La empresa puede seguir con la construcción en todo aquel territorio que no sea San Lucas Totolmaloya, siempre y cuando no exista algún otro mecanismo jurídico por parte de las personas afectadas en otros lugares”, precisó.
Becerril informó que la empresa encargada del proyecto ya fue notificada de la resolución judicial y, como consecuencia, suspendió las labores que realizaba dentro de la comunidad. Afirmó que, antes de la notificación, ya se efectuaban trabajos de cartografía, topografía e ingreso de vehículos, pese a que no existía autorización por parte de la comunidad indígena ni del ejido de San Lucas Totolmaloya.
“Ya fue notificada la empresa. Los trabajos que estaban realizando ya fueron suspendidos, ya no se están realizando en estos momentos trabajos al interior de la comunidad indígena”,confirmó el también ejidatario.
El procedimiento legal continuará con el ofrecimiento y desahogo de pruebas, la audiencia constitucional y, posteriormente, la emisión de la sentencia que resolverá el fondo del juicio de amparo. No obstante, el asesor jurídico explicó que los tiempos dependerán de que concluya la notificación de todas las autoridades señaladas como responsables, ya que algunas aún no han sido notificadas debido a las distancias entre las dependencias involucradas.
Desde la perspectiva del representante legal del movimiento, una eventual sentencia favorable podría modificar los tiempos previstos para la ejecución de la obra e incluso obligar a replantear la forma en que se desarrollaría el proyecto dentro del tramo protegido.
Explicó que el principal argumento del juicio de amparo es que, desde la perspectiva del movimiento, la comunidad indígena nunca fue consultada antes de autorizar y ejecutar el proyecto, pese a que el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa, libre e informada cuando una obra pública pueda afectar su territorio. Añadió que, de obtener una resolución favorable, la empresa tendría que realizar ese procedimiento antes de intervenir nuevamente la zona protegida y considerar el sentido del pronunciamiento que emita la comunidad.
Pese al proceso judicial, Becerril aseguró que el movimiento mantiene la misma postura que ha sostenido desde el inicio del conflicto y reiteró su disposición para privilegiar el diálogo antes que la confrontación jurídica.
“Estamos abiertos al diálogo. Somos creyentes de que un proyecto de infraestructura carretera puede generar beneficios, siempre y cuando se atiendan y respeten los derechos humanos de la comunidad indígena y, en general, de la población aculquense,” aseguró.
Entre los principales planteamientos del movimiento se encuentra la construcción de una incorporación al proyecto para que los habitantes de Aculco puedan acceder a la autopista, ya que, de concretarse el trazo actual, sostienen que la vialidad únicamente atravesaría el municipio sin generar un beneficio directo para la población.
También solicitan que los habitantes de Aculco puedan utilizar la autopista de manera gratuita, en un esquema similar al que opera para habitantes de Polotitlán sobre la autopista México-Querétaro.
Además piden que se garantice la construcción de puentes vehiculares, peatonales y de ganado para evitar que las comunidades queden incomunicadas; la protección de mantos acuíferos, manantiales, canales de riego, redes de agua potable y sistemas de energía eléctrica que podrían verse afectados con la obra.A estas peticiones se suman obras de infraestructura para beneficio del municipio, entre ellas la construcción de un bulevar y la conclusión del puente de Bañé. El representante legal afirmó que esta última obra permanece inconclusa y aseguró que esa situación ha provocado accidentes fatales al obligar a las personas a cruzar los carriles de la carretera Panamericana.
Becerril sostuvo que, hasta el momento, la empresa constructora, el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (Saascaem), así como el Gobierno del Estado de México y el gobierno municipal de Aculco, no han atendido los planteamientos del movimiento para instalar una mesa de diálogo que permita analizar las afectaciones señaladas por las comunidades.
Mientras el juicio de amparo avanza hacia la etapa de desahogo de pruebas y la audiencia constitucional, la suspensión de oficio y de plano permanecerá vigente sobre el tramo correspondiente a la comunidad indígena de San Lucas Totolmaloya.
En tanto no exista una sentencia definitiva, la resolución federal impide cualquier intervención relacionada con el proyecto carretero dentro de esa superficie, mientras que el resto del trazo podrá continuar siempre que no exista otra resolución judicial que lo restrinja.
“Siempre lo hemos mencionado y hoy lo reitero en esta entrevista, estamos abiertos al diálogo, somos creyentes fielmente de que un proyecto de infraestructura carretero puede generar beneficios, siempre y cuando se atiendan y se respeten los derechos humanos,y en este caso de la comunidad indígena y en general de la población aculquenses”.
“Como lo comentamos desde el inicio del movimiento,no estamos en contra de la construcción de la autopista, simplemente hemos venido manifestado el respeto a los derechos humanos de los aculquenses, de la comunidad indígena de San Lucas Totolmaloya,y que una vez que sean garantizados y respetados y atendidas las peticiones que son justas para no alterar la vida interna del municipio ,y de las comunidades;y salvaguardar la tranquilidad de los niños, de las familias, y en general de los pobladores, nosotros pues seremos también los primeros en pronunciarnos a favor de que se construya esa autopista,”cerró Becerril.
Paralelamente, el movimiento mantiene su disposición a dialogar con la empresa constructora, Saascaem y las autoridades estatales y municipales para buscar acuerdos sobre las condiciones en que se desarrollaría la obra en Aculco.
