La propuesta busca una planeación adecuada de las actividades de la Secretaría de Seguridad estatal
Redacción AR
La LXII Legislatura mexiquense recibió una iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para modernizar y fortalecer el control y vigilancia de las medidas cautelares, y la suspensión condicional del proceso penal, mediante la actualización de instrumentos jurídicos vigentes, promoviendo un marco legal moderno y funcional para la construcción de la paz y la seguridad en la entidad.
Esta iniciativa propone que la actual Ley de Vigilancia deba evaluar el nivel de riesgo que una persona imputada representa al seguir en libertad en un proceso penal, a fin de determinar la idoneidad de las medidas cautelares proporcionadas al caso, en concordancia con lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Establece que, para todo lo no previsto en dicha ley, se aplicará supletoriamente el Código Penal del Estado de México.
Durante sesión deliberante, presidida por el diputado morenista Maurilio Hernández González, el legislador ecologista Carlos Alberto López Imm dio lectura al documento que señala que la sobrepoblación carcelaria y la falta de recursos tecnológicos, así como de mecanismos eficientes de coordinación interinstitucional, han limitado la capacidad del Estado de garantizar la adecuada supervisión de las personas imputadas, incrementando los riesgos de reincidencia delictiva.
Por lo que, el documento señal que, para enfrentar esos desafíos, la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso en el Estado de México, publicada en 2015, estableció un marco normativo que regula la supervisión de las medidas cautelares, desde una perspectiva administrativa, compatible con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
