Esta mañana en Primero Lo Primero, tuvimos como invitada a Myrna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), quien destacó los retos en la implementación de la Ley de Justicia Cívica en los municipios. La ley, promulgada el año pasado, busca homologar sanciones administrativas y evitar arbitrariedades en los procedimientos. Sin embargo, de los 125 municipios, solo 21 cuentan con adecuaciones aprobatorias.
García Morón explicó que la ley exige contar con jueces cívicos, psicólogos, médicos y otros especialistas en cada centro de detención. Esto requiere no solo voluntad política, sino también recursos y capacitación para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa. Además, se han reemplazado las “Faltas a la Moral” por “Faltas al Orden Público”, en un esfuerzo por descriminalizar a los ciudadanos que cometan infracciones menores.
La presidenta también subrayó que, aunque las reformas legislativas son un avance importante, su aplicación enfrenta obstáculos relacionados con presupuesto insuficiente y falta de infraestructura. Además, resaltó la necesidad de un enfoque no solo cuantitativo, sino también cualitativo en la planeación y auditoría del uso de recursos públicos.
El diagnóstico presentado por la CODHEM muestra que algunos municipios han reportado avances en la homologación, pero la mayoría está rezagada, lo que puede derivar en detenciones ilegales o prácticas inadecuadas. La asignación de recursos y la capacitación administrativa son cruciales para cumplir con la ley de manera integral y efectiva.
Finalmente, García Morón hizo un llamado a los presidentes municipales que van a entrar a una nueva administración Myrna A García Morónpriorizar la implementación de estas adecuaciones. Subrayó que el éxito de estas reformas no solo radica en el presupuesto, sino en garantizar un sistema administrativo eficiente que promueva y respete los derechos humanos de todos los ciudadanos.
