Mediante un exhorto legislativo se pretende que los ayuntamientos mexiquenses en conjunto con bares y restaurantes utilicen tecnología para evitar sustancias dañinas en las bebidas
Por: Alberto Dzib
A propuesta de la bancada del Partido Verde (PVEM), el Congreso del Estado de México analizará emitir un exhorto a los 125 ayuntamientos de la entidad a coordinarse con bares y restaurantes de sus demarcaciones para utilizar un dispositivo que permite detectar drogas en bebidas alcohólicas.
La propuesta plantea distribuir de manera gratuita la denominada pulsera “Centinela” en dichos establecimientos, en colaboración con asociaciones del sector.
De acuerdo con la diputada Honoria Arellano Ocampo, esta herramienta ha sido implementada en otras entidades del país, como Chihuahua, y en el extranjero, como medida preventiva ante el incremento de casos por consumo de bebidas adulteradas.
“El uso de esta tecnología puede contribuir a prevenir riesgos para la salud y la seguridad de las personas, pues permite identificar hasta 22 sustancias químicas distintas, entre ellas LSD, burundanga, éxtasis y GHB, también conocido como éxtasis líquido”, explicó la legisladora.
El dispositivo, dijo, funciona mediante dos pruebas químicas, cambia de color al entrar en contacto con sustancias tóxicas y cuenta con un código QR que proporciona información adicional sobre la droga detectada y también puede ser usada para enviar la ubicación del usuario y contactar a servicios de emergencia.
En el documento legislativo se advierte que el uso de bebidas alteradas ha ocasionado casos de intoxicación, daños físicos permanentes y fallecimientos.
A nivel nacional, la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) reportó en 2020 al menos 195 muertes relacionadas con esta causa en 11 estados; en el Estado de México se han registrado decomisos de más de 359 mil litros de bebidas sin registro sanitario y se han reportado intoxicaciones recientes en municipios como Naucalpan y Toluca.
El exhorto fue turnado a comisiones para su revisión y eventual discusión ante el pleno del Congreso mexiquense.
Alberto Dzib
