En Edomex los penales fallan por sobrepoblación carcelaría, hacinamiento, servicios de salud deficientes, falta de programas de prevención y atención de incidentes violentos, adenás de falta de supervisión del titular.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 (DNSP), que elabora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 131 centros estatales de detención obtuvieron una calificación promedio nacional de 6.30; 20 centros federales, de 7.33; las 3 prisiones militares, 8.13; y las 44 cárceles municipales, 3.99. de un total de 198 centros varoniles, mixtos y femeniles evaluados, según informó la Tercera Visitadora General Ruth Villanueva Castilleja.
Según el DNSP los centros femeniles, recientemente incorporados al estudio, obtuvieron calificación de 7.26, en tanto que los mixtos, que son los que albergan tanto población varonil, como femenil, la calificación fue de 5.98, lo que refleja que las mujeres privadas de la libertad viven en mejores condiciones en las instituciones exclusivamente femeniles, reiterando la necesidad de contar mínimamente con un centro de este tipo en cada entidad federativa, como ya se ha señalado en documentos anteriores.
Los centros penitenciarios visitados representan el 52.38% de los existentes en el país y al momento de las visitas contaban con una población de 186,829 personas, esto es el 86.16% del total de la población penitenciaria nacional.
Respecto de los centros estatales, puntualizó que las deficiencias detectadas con mayor incidencia se refieren a la separación entre procesados y sentenciados, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficientes condiciones materiales y de higiene en las instalaciones, hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, autogobierno y cogobierno, así como falta de prevención y atención de incidentes violentos.
En el caso del estado de México, se evaluaron 4 penales, obteniendo de manera global 6.1 puntos de calificación, es decir, apenas aprobaron, pero dos de ellos de hecho resultaron reprobados porque afectan la integridad de lo sinternos, fallando por sobrepoblación carcelaría, hacinamiento, servicios de salud deficientes, falta de programas de prevención y atención de incidentes violentos y falta de supervisión del titular.
Tampoco cumplieron con la atneción adecuada a las mujeres y a los menores que tienen que vivir con ellas, tampoco atienden adecuadamente a adultos mayores, según este reporte; con lo cual los Penales de Ecatepec, Tlalnepantla, y Cuautitlan mantuvieron su calificación pero el penal de Neza, finalmente empeoró.
En cuanto a los centros federales, en 16 persiste la insuficiencia de personal, 14 carecen de actividades laborales y de capacitación y tienen deficiencias en la atención al derecho a la protección de la salud de las personas privadas de la libertad, en 13 se observaron insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, y en 11 deficiencias en la vinculación de las personas privadas de la libertad con el exterior.
Ruth Villanueva señaló que en las prisiones militares la situación más recurrente es la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo. Las deficiencias de las cárceles municipales se refieren a la insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento de los centros, falta de actividades educativas, deportivas, laborales y de capacitación para el trabajo, no existe separación entre procesados y sentenciados, falta de reglamentos y manuales, así como escasa o a veces nula difusión de la normatividad que rige al centro, así como deficientes condiciones materiales y de higiene en las instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.
Añadió que la mayoría de estos centros carece de instrumental, medicamentos y personal suficiente, así como de acciones para prevenir y atender incidentes violentos, falta de capacitación del personal penitenciario y deficiencia en la alimentación de las personas internas.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria ha probado ser una herramienta que permite identificar deficiencias, logros y áreas de oportunidad para el cumplimiento de los fines encaminados a la atención de las personas privadas de la libertad en concordancia con la normatividad aplicable que establecen los estándares nacionales e internacionales sobre la materia. Por ello, es fundamental que las autoridades encargadas de conducir el Sistema Penitenciario Nacional utilicen el DNSP de forma propositiva para desarrollar y concretar acciones de evaluación y planeación que determinen las políticas públicas necesarias para optimizar los muchos aspectos que incidan de manera cotidiana en las condiciones, estancia digna y gobernabilidad de los centros, y que garanticen la integridad física, requerimientos específicos de grupos vulnerables, así como la aplicación de programas para la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
En la elaboración del DNSP se contó con la participación de los 32 Organismos Públicos de Derechos Humanos locales en las visitas de supervisión, en que se aplican guías, cuestionarios, se efectúan recorridos y realizan entrevistas directas con las personas internas, así como con las diversas autoridades de los centros. Todo ello, bajo una metodología que permite clasificar a través de temas, indicadores y subindicadores las condiciones y el trato a los internos, para generar resultados que determinan de manera objetiva el estatus de los centros.
