Los operativos contra el comercio ambulante en el Centro Histórico de Morelia no se detendrán y, ante las acusaciones de presuntos abusos durante los retiros, el Ayuntamiento buscará que representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) estén presentes en las próximas intervenciones.
El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que la intención es que las actuaciones de inspectores y policías queden documentadas y cuenten con observadores externos, particularmente en los casos donde los comerciantes se resistan a abandonar los espacios.
Martínez Alcázar sostuvo que el gobierno municipal continuará haciendo cumplir el reglamento, pues resaltó que el comercio ambulante no está permitido en el primer cuadro de la ciudad. La postura ocurre luego de los enfrentamientos registrados durante algunos de los operativos y de los señalamientos de vendedores que acusan un uso excesivo de la fuerza.
En este sentido, el alcalde también expuso que algunos vendedores llevan a menores de edad durante los operativos para dificultar su retiro, por lo que acusó que los niños y mujeres son colocados al frente cuando los inspectores intentan retirar estructuras o mercancía, una situación que, dijo, será vigilada para evitar confrontaciones.
La medida se da en un contexto de mayor presión sobre el ambulantaje. La Dirección de Mercados y Plazas tiene identificados a alrededor de 135 comerciantes reincidentes que han intentado instalarse en el primer cuadro, varios de ellos provenientes de Veracruz, Puebla y Estado de México.
A la par, el municipio reporta 11 denuncias penales relacionadas con agresiones y daños durante los operativos, incluidas lesiones a inspectores y afectaciones a vehículos oficiales.
Martínez Alcázar adelantó además que los operativos no se limitarán a quienes carecen de permiso: quienes tengan autorización pero ocupen más espacios de los permitidos podrían perderla. “Si eso sigue sucediendo, les voy a retirar la concesión de los que ya tienen”, advirtió.
Con ello, el Ayuntamiento plantea mantener la presencia de inspectores y policías en el Centro Histórico, pero ahora con la posibilidad de que organismos de derechos humanos y medios de comunicación acompañen las actuaciones, en medio de una disputa que continúa entre autoridades y comerciantes por el uso de los espacios públicos.
