#Ojalá | Opinión y Análisis por Oscar Glenn
Una de las estrategias espectacularmente anunciadas, para impulsar estilo de vida saludable y combatir la obesidad infantil y todo lo que puede desencadenar, ya cumplió una semana: El retiro de la “Comida Chatarra” y las bebidas azucaradas de las escuelas, que ha despertado dudas.
El proyecto tiene una buena intención, pero requiere que padres y madres de familia además de estar comprometidos, tengan las condiciones para procurar en sus hijos (y para sí mismos) la sustitución por alimentos sanos y nutritivos; a las autoridades administrativas escolares darles la capacitación y opciones para gestionar el cambio paulatino en cada plantel, procurando con los encargados de la venta de alimentos al interior la sustitución, además de instar a las autoridades municipales que sean inflexibles con los comerciantes informales que suelen vender antojitos y golosinas en el exterior de las escuelas -historia ya conocida- que no cumplen con ninguna reglamentación y se puede decir que son parte de la dieta popular a precio accesible.
Para los encargados de tiendas escolares se establece que deben ofrecer alimentos saludables, económicos, de calidad y de temporada en las escuelas y aunque el manual indica opciones de alimentos que pueden vender, están aún dudando que los procesos de elaboración y los precios de los insumos resulten redituables, según lo han externado ya algunos comerciantes, además súbitamente han visto del desinterés de los jóvenes consumidores. Ojalá de verdad se pueda lograr este cambio, pues ahora, aunque parece broma, empieza a surgir una vertiente de comercio ilegal de golosinas en las escuelas, que también tendrían que tratar de evitar las autoridades escolares. Tal parece que al final de cuentas, el factor crítico de éxito real serán los padres de familia con sus alcances y limitaciones ya sea para preparar o para financiar lo que sus hijos coman. ¿O no?
Con estupor y algo de enojo reaccionan a la medida algunos estudiantes de nivel medio superior y superior que han considerado ociosa la restricción a ese nivel que solo los obliga a buscar al exterior otras opciones. Ahora se preguntan sin intentarán hacer obligatoria también la activación física. Ya veremos.
PROVOCACIONES
Cosechando: El viernes pasado la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el plan para garantizar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, proyectando invertir en ello este año 53 mil 971 millones de pesos, para irlo incrementando hasta llegar a 83 mil 750 millones en el 2030, apoyando con ello a pequeños y medianos productores y productoras de maíz, frijol, arroz, cacao y miel a través de programas como Cosechando Soberanía, un nuevo Programa para el Bienestar que se sumará a Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar.
La soberanía debe ser algo más que una palabra grandilocuente que cambie la vida de los productores eficazmente, previendo garantizar a toda costa el buen uso de esos recursos en donde realmente se ocupan. Será muy revelador observar tras este anunció cómo atienden a los cerca de 700 campesinos de diferentes municipios del sur del estado que ayer emprendieron su marcha desde Toluca a la ciudad de México para pedirle a la presidenta la restitución de concesiones de agua de riego, pues este recurso también es fundamental en este proceso y ojalá lo tengan previsto. Ya veremos que opciones les dan y si la legislación vigente tiene condiciones para atender estas exigencias, o se adecuan a la brevedad. La realidad siempre acciona.
JustasPrevisiones: Este lunes Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, emitió un acuerdo para prohibir expresamente el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda, así como para recibir financiamiento público o privado, y hacer uso de lugares de trabajo para promoción de candidaturas, todo ello relacionado con el Proceso Electoral Extraordinario 2025 de Personas Juzgadoras, tanto federal como estatal. Es un acuerdo por si histórico impulsado por el Presidente del Tribunal, Fernando Díaz donde además prohíben a las personas servidoras judiciales realizar actos anticipados de campaña, difundir propaganda que contenga expresiones que calumnien a las instituciones, autoridades electorales y jurisdiccionales, así como proporcionar la información que soliciten los órganos electorales federal y local, con la obligación de prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
