#OpiniónYAnálisis por #CynthiaValeriano
Parece sensata, una auténtica propuesta de justicia social, e incluso, una urgente necesidad la idea de elevar la tasa de reemplazo al 100% de los trabajadores formales, que al final de su vida productiva llegan a la jubilación.
Uno de los temas de la agenda pública que se habían rezagado dentro de la infinidad de asuntos de inmediata resolución que aparecen cada día. Aún no queda clara la propuesta, de hecho, lo único que podemos encontrar son meras especulaciones sobre cómo se presentará la reforma a la Ley de 1997 del IMSS en el Congreso de la Unión, para su análisis y discusión, para atender una de las grandes bombas de tiempo que estallará en las manos de quien asuma el gobierno federal en la próxima elección.
Actualmente están vigentes 2 tipos de pensiones, la pensión que recibirán aquellos que se registraron por primera vez ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997 (mejor conocidos como los jubilados de la Ley 73) y aquellos que se dieron de alta del 1 de julio de 1997 en adelante (los jubilados de la Ley 97).
La diferencia sustancial se da en el monto que podrá recibir los trabajadores de acuerdo al régimen que pertenecen y el origen de dichos recursos, ya que mientras los trabajadores de la Ley 73 podrán aspirar a un monto de jubilación que va del 75 al 100% de su último salario (dependiendo de la edad a la que decidan retirarse, las semanas cotizadas y la modalidad), en el caso de los trabajadores de la Ley 97 la cosa es distinta.
Nuestro país tuvo que reformar la Ley del IMSS en 1995 anticipando una serie de cambios demográficos que desde entonces planteaban un futuro muy complejo con una tasa de natalidad (nacimientos por cada 1,000 personas) que había pasado de 42.14 en 1973 a 26.87 en 1995 (Actualmente la tasa es de 15 nacimientos por cada 1,000 personas, de acuerdo con los datos del Banco Mundial), aunado a una de las peores crisis económicas que vivimos por esos años: la crisis de 1994.
En 1995, en medio de la reestructuración económica para superar la crisis, el gobierno tuvo la necesidad de solicitar prestamos externos a instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales, el Banco de Canadá, entre otros, cuyas condiciones de otorgamiento implicaron, entre otras cuestiones, una reforma al sistema de pensiones.
Desde aquel 1995, se veía con preocupación el cambio radical en la pirámide poblacional, y es que mientras en 1970, con un registro estadístico muy incipiente, 44 de cada 100 mexicanos eran parte de la población económicamente activa y de estos 44, el 62% eran considerados “asalariados” de acuerdo con el Censo de Población y vivienda de 1970, eso quiere decir, que la población activa era predominantemente formal, el resto de la población se dividía entre “no asalariados” (autoempleados, empleadores, trabajadores de menos de 15 horas a la semana, etc.), categoría que tuvo que desglosarse para hacerse más clara y de donde unas décadas más tarde se extrajo la estadística de “informalidad” y desempleados.
Para 1995 la historia ya había dado un giro importante, la población económicamente activa (en el censo de 1990) había crecido a 53.6% de la población, principalmente con la integración de más mujeres en el mundo laboral, pero con menos nacimientos por cada 1,000 habitantes y un porcentaje de informalidad que ya era mucho más representativo (aproximadamente del 23.4%). En la actualidad, ya con estadísticas mucho más específicas, más del 50% de la población empleada en nuestro país, es informal, lo que quiere decir que, entre otras cuestiones, no cuenta con ahorro para el retiro y tampoco contribuyen al sistema en general.
Hablando en términos presupuestales, de acuerdo con lo aprobado por el Congreso de la Unión, tan solo para el 2024, 22 de cada 100 pesos del presupuesto público, están destinados al pago del sistema de pensiones, y 12 más de cada 100, esta destinado a los programas sociales, dejando solo 66 pesos remanentes para cubrir todos los demás rubros y obligaciones que el gobierno tiene con sus ciudadanos y que van desde la atención a la salud, la educación, seguridad, infraestructura, etc. hasta el presupuesto que se destina a los gobiernos estatales y municipales y el pago de la deuda.
En virtud de lo anterior, y a reserva de analizar con detalle la propuesta que enviará el ejecutivo federal el próximo 5 de febrero al Congreso de la Unión, la propuesta deberá plantear soluciones realistas a por lo menos a 5 condiciones que pesan sobre el actual sistema de pensiones:
1.- Una menor tasa de natalidad, que implica una reducción considerable de la fuerza laboral en los próximos años y por ende un menor numero de aportantes al sistema de pensiones,
2.- Una tasa de informalidad predominante en el mercado laboral, que se traduce en un elevado número de personas que en su mayoría, no cuentan con una estrategia financiera de previsión para el futuro y que, en su momento, requerirán de los apoyos sociales gubernamentales para satisfacer las necesidades mínimas en la tercera edad,
3.- Una presión a las finanzas públicas que reducen aún más el margen de maniobra de un gobierno que, sigue ampliando su participación en todo tipo de sectores y mercados (petróleo, gas, vías férreas, líneas aéreas, empresas públicas, litio, etc.) que claramente no podrá desarrollar, generando retrasos en el desarrollo y el bienestar de largo plazo,
4.- Una necesaria e impopular reforma fiscal que elevará el gravamen a todos los trabajadores formales y empleadores para incrementar los recursos públicos por la vía de los impuestos o bien, elevar el endeudamiento del país que eleva su fragilidad ante choques cíclicos globales y compromete las finanzas públicas futuras, y
5.- Un elevado estrés financiero de los ciudadanos que, dadas las condiciones actuales del mercado laboral en México, reducen sus posibilidades de mejorar sus condiciones de bienestar, la ampliación y consolidación de su patrimonio y eleva el riesgo de empobrecimiento.
Con lo anterior, no quiero decir que sea un problema sin solución, o que es un asunto que no debe de tocar el gobierno, al contrario, precisamente por las condiciones demográficas, económicas y sociales de nuestro país, es urgente que se abra la discusión, para variar, a todos los sectores involucrados, para plantear soluciones mucho más creativas, más alejadas de la estrategia y el calculo político electoral y mas cercanas a la visión económica de la sostenibilidad.
Es el caso de Países Bajos, que es considerado, hoy por hoy, el mejor sistema de pensiones del mundo, con una tasa de sustitución de entre el 70 al 90% del salario y una edad de jubilación de 65 años que gradualmente ira elevándose hasta los 67 años en el 2026, que divide las aportaciones para el retiro por sectores económicos, tiene una política pública de pensiones para los trabajadores independientes o autónomos y parte de la definición de una renta básica universal, que después se ve compensada con una serie de supuestos: subsidio público de la tercera edad, aportaciones extraordinarias de los trabajadores y aportaciones de las empresas, así como distintas modalidades de calculo de pensión (desde considerar el último salario percibido por el trabajador hasta el salario medio de toda su vida laboral).
Cierro esta columna con la misma idea con la que empecé, hablar de nuestro sistema de pensiones no es importante, es indispensable para mejorar las perspectivas económicas de nuestra sociedad, lo cuestionable como siempre en estos temas no es el “que”, sino, para variar, el “como”, ya veremos que tan creativos se vuelven los técnicos de Hacienda.
