Pachuca de Soto, Hidalgo.- Este jueves siete de septiembre se llevó a cabo la sesión ordinaria número 79 de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, en la cual se presentaron un total de ocho iniciativas para reformar el marco normativo de la entidad.
Además, con la sanción de 67 ayuntamientos hidalguenses, el presidente de la directiva en turno y coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dio por aprobada de manera definitiva las reformas constitucionales en materia de eliminación de la inmunidad procesal de servidores públicos y representantes populares.
En primer término, se propuso reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal para el estado de Hidalgo y de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del estado de Hidalgo, en materia de armonización de los ordenamientos estatales y perfeccionamiento de los mecanismos del Sistema Estatal Anticorrupción, así como para la eliminación de la figura de Declaración de Procedencia para delitos del fuero común.
La lectura de dicha iniciativa recayó en el representante del distrito de Actopan, Ernesto Vázquez Baca, quien mencionó que, “se creó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual establece los mecanismos de operación del Sistema Nacional Anticorrupción, la coordinación entre autoridades, las facultades de quienes lo integran y la coordinación para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción”.
Se propuso que, ante la declaratoria de la reforma constitucional en materia de inmunidad procesal, se estipula la derogación de los artículos relacionados con el tema de la declaración de procedencia para servidores públicos y aquellos que regulan el registro patrimonial de los servidores públicos.
En tanto, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI plantearon reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Hidalgo, a fin de suprimir la figura de la declaración de procedencia para actuar penalmente en contra de los servidores públicos que incurran en actos u omisiones constitutivos de delitos.
La lectura de dicha propuesta estuvo a cargo de la representante por el distrito de Tula de Allende, Marcela Vieyra Alamilla, quien afirmó que, “los servidores públicos estamos sujetos a las mismas leyes que todos y somos portadores de una mayor responsabilidad, siendo a la par, el ejemplo de un cabal e irrestricto cumplimiento de sus normas”.
Durante el desahogo de los trabajos de la sesión ordinaria de este jueves, la legisladora priista por el distrito de Tepeapulco, Mayka Ortega Eguiluz, propuso reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para el Estado de Hidalgo, con la finalidad de armonizar la nomenclatura de las dependencias mencionadas.
“Se busca armonizar en la ley la denominación vigente de las Secretarías de Contraloría y de Finanzas Públicas, modificándose para tal efecto la fracción VIII y XXXI respectivamente del artículo 4 de la ley en mención”, sostuvo. Se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio.
Por su parte, el represente panista por el distrito de Villas del Álamo, Luis Enrique Baños Gómez, planteó adicionar el artículo 1911 BIS, ter, quater, quinquies, sextus, septies y octies, del Código Civil para el Estado de Hidalgo, con la finalidad que exista un resarcimiento de daños por el concepto de Daño Moral.
“Es necesario incorporar la figura de daño moral en el Código Civil, con la finalidad de que através de la misma haya resarcimiento de daños en materia civil, por alguna afectación que una persona sufra en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación y vida privada”, sostuvo. Se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su dictamen correspondiente.
El coordinador de la fracción del Partido Nueva Alianza (NA), Emilio Eliseo Molina Hernández, propuso sea reformado el Código Penal para el Estado de Hidalgo con la finalidad de establecer diversas sanciones a las y los servidores públicos que incurran en un manejo irregular de recursos en su ejercicio.
“El hecho de manejar recursos públicos confiere una responsabilidad particular a la labor de los servidores públicos. Su comportamiento debería ser intachable, ya que la sociedad confía en su honestidad, lealtad y transparencia”, puntualizó. Se turnó a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia.
Por Daniel Martínez Martínez
