- Este informe puede recibir retroalimentación hasta el 13 de septiembre, pues el documento se entregará el 15 de septiembre a la siguiente administración estatal.
En la mayoría de los 11 municipios con Alertas de Violencia de Género (AVGM) por feminicidio y por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres existen políticas públicas exitosas que deben replicarse en todos los municipios; sin embargo, también se encontraron deficiencias. Ante esto se emitieron recomendaciones para mejorar la capacitación y la atención en sus unidades de análisis y contexto.
Así lo dio a conocer la diputada de Morena Karina Labastida Sotelo (Morena), presidenta de la Comisión Para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición del Congreso local, al rendir el informe de los resultados de las inspecciones físicas de bienes y servicios adquiridos con los recursos de las AVGM del ejercicio fiscal 2022, por 80 millones de pesos.
Este informe será presentado a la próxima gobernadora de la entidad, Delfina Gómez Álvarez, y a quien sea titular de la Secretaría de las Mujeres, para dar continuidad a las recomendaciones para los municipios y la propia secretaría.
Dentro de las prácticas destacables se enlistaron el Sistema VIVE Mujer en Naucalpan que es un sistema electrónico de registro único de víctimas; el Centro de Control para la Prevención de la Violencia contra Niñas, Adolescentes y Mujeres del Valle de Chalco conformado por 31 cámaras de video vigilancia y pantallas de monitoreo del Sistema de Control de Violencia de Género contra las Mujeres.
El sistema de redes vecinales de Nezahualcóyotl y de Cuautitlán Izcalli donde seguridad pública se mantiene en contacto con la ciudadanía vía WhatsApp; el edificio rosa de violencia de género de Valle de Chalco que brinda atención integral en un solo espacio; el violentómetro especializado para niñas y niños de Tultitlán con un lenguaje más comprensivo y distribuido en los sistemas educativos.
Integrantes del Consejo Estatal Ciudadano coincidieron en que lo realizado por los municipios no ha sido suficiente y se necesita un mayor monitoreo sobre la aplicación de recursos públicos, denunciaron que en muchas localidades hubo simulación con las políticas públicas, que había rotación o despido de personal certificado, y que los memoriales representan un gasto costoso e innecesario porque no existe identidad con los familiares de las víctimas.
Al respecto, la diputada Karina Labastida invitó a retroalimentar el informe con observaciones máximo hasta el 13 de septiembre para entregar el documento final el 15 de septiembre a la siguiente administración estatal.
