Integrantes del Consejo Estatal Ciudadano en la materia, señalaron que no se sabe dónde se aplicó el recurso de este año, no se ven estrategias contundentes y para el siguiente año tampoco hay proyecto
Pese a que el Estado de México ocupa el primer lugar en el número de personas desparecidas en 2020 a nivel nacional y este año entró en vigor la Ley de Desaparición Forzada en la entidad, los mecanismos para atender el fenómeno aún no son visibles y se observa poco interés de la autoridad mexiquense para resolverlo, aseguraron integrantes del Consejo Estatal Ciudadano en materia de Desaparición de Personas del estado a 11 semanas de su instalación.
Señalaron que pese a haberse presupuestado un monto de 15 millones de pesos para la Comisión de Búsqueda de Personas en el estado y la aplicación del mecanismo de búsqueda en 2020, hasta este 21 de diciembre no se cuenta con herramientas de trabajo y personal calificado para emprender la búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas y aunque se ha solicitado información sobre el destino del recurso, no hay respuesta.
Destacaron que durante 2020 en territorio mexiquense se reportan mil 398 personas desparecidas y no obstante, el proyecto presupuestal del siguiente año se carece una partida específica en la que se mantenga o aumente el dinero destinado a las estrategias de búsqueda, por lo que demandaron mayor compromiso de las autoridades estatales frente al problema y transparencia en torno al uso de recursos etiquetados para estos efectos.
Los ciudadanos del Consejo Ciudadano que principalmente son familiares de personas desaparecidas en la entidad, recordaron que el estado cuenta con una alerta de género por desaparición de mujeres y los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca y Chalco, ante lo cual dijeron que el asunto debe ser prioritario para el gobierno estatal y urgieron que antes de que concluya el año se entregue el plan de acción previsto para 2021.
También llamaron a las autoridades estatales a pronunciarse en contra de la propuesta de reforma a la Ley de la Fiscalía General de la República, donde se plantea que este órgano autónomo, dejaría de conocer los casos de personas desaparecidas cuando no estén involucrados servidores públicos federales, pues a su parecer, ello restaría a la coordinación que se requiere para atender eficazmente casos que rebasan las fronteras de cada entidad.
Alberto Dzib
@albertodzib666
