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Finaliza periodo de delegados: no más pagos a quienes ganaron juicios

Tulancingo de Bravo, Hidalgo.- Al finalizar sus respectivos periodos de gestión como delegados y subdelegados vecinales, ya no existe más obligación por parte del gobierno municipal para seguir pagando a quienes ganaron en su momento juicios de protección de derechos político electorales sobre dicho tema.

La explicación fue ofrecida por Antonio Camacho, coordinador jurídico del gobierno local, por lo que los 33 representantes vecinales que ganaron los juicios señalados ya no percibirán pago alguno, al finalizar su periodo el pasado 28 de febrero de este año.

En marzo del  2020, un primer grupo de representantes vecinales ganaron sentencia a un juicio de protección de derechos político electorales, estableciendo el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) que estos deberían percibir una remuneración por encima del salario mínimo, pero sin sobrepasar el ingreso económico de un asambleísta local.

Semanas después otro grupo de delegados y subdelegados presentaron otro juicio similar, también obteniendo sentencia a su favor en el mismo sentido, siendo en total 33 representantes vecinales que podrían obtener una percepción por parte del gobierno municipal.

  

El abogado explicó que los pagos se comenzaron a aplicar luego de que cada delegado y/o subdelegado presentó documentación y acreditó requisitos para ser considerado como funcionario, acatando los términos de la sentencia del TEEH.

Por ello los tiempos en que comenzaron a cobrar los ahora ex representantes vecinales fueron diferentes, debido a que cumplieron con los requisitos para ser considerados como servidores públicos municipales en distintos momentos.

El entrevistado señaló que si bien el TEEH emitió las sentencias respectivas para otorgar las remuneraciones a los representantes vecinales, la obligación finaliza con el término de sus gestiones como delegados o subdelegados.

Recordó que de seguir con los pagos habría causado afectaciones a la hacienda pública, así como la cancelación o limitación para la realización de obras y/o acciones públicas.

  

Por Daniel Martínez Martínez  

  

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