En 2019, los funcionarios electos bajo las siglas del partido de AMLO deberán cumplir promesas, sin endeudarse, ni aumentar déficit, o realizar despidos masivos de servidores públicos, según lo ofrecieron.
Luego de los resultados electorales que dan a MORENA un dominio amplio, por no decir casi total del panorama político y gubernamental en los tres niveles de gobierno, tanto en los poderes legislativos y con amplia injerencia en lo ejecutivo, más el triunfo en una gran cantidad de municipios, el primer reto serán los procesos de transición y la negociación de presupuestos para 2019, año en el que MORENA deberá empezar a cumplir promesas.
Más alla del ánimo conciliador y cordial que se ha apreciado en el encuentro entre AMLO y EPN, el cual sin duda es alentador para la trancisión ordenada que se ha prometido y de la ingerencia que ya tendrá el equipo morenista en el presupuesto federal para el 2019, es en este momento dónde habrá que apreciar la responsabilidad y el profesionalismo, o la administración del poder ganado, en los procesos de transición de gobiernos estatales y municipales de manera simultánea con la negociación de los presupuestos que estarán marcados por la intención y la presión de cumplir promesas de campaña a la brevedad, mismas que se sustentan con dinero, que sólo puede provenir de una reestructuración del gasto, pero sin aumentar deuda ni déficit, que también fue una promesa del Lopezobradorismo.
Tienen la ventaja de haber logrado una amplia presencia en los congresos de los estados, incluso para hacer ver su suerte a los Gobernadores que provienen de partidos políticos diferentes, acotarlos, vigilarlos e imponer sus condiciones en las negociaciones presupuestales, pero deberá existir prudencia para no dejarse llevar por el ímpetu transformador, pero con escasa sostenibilidad.
De acuerdo con un análisis del periódico Reforma, no sólo Alfredo del Mazo deberá lidiar con un congreso dominado por el partido que tomará la presidencia de la República y dominará el Congreso Local con 43 diputados de 75, pues hay otros 16 casos que quedan en la misa circunstancia tras la elección del 1 de julio del 2018.
En Hidalgo el gobernador priista Omar Fayad, también convivirá con un Congreso de mayoría morenista que ganó todos los distritos; en Baja California Sur, gobernada por el PAN, los morenistas consiguieron 14 de 16 diputaciones; los priistas Héctor Astudillo de Guerrero y Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa también lidiarán con una mayoría morenista.
En Colima, Oaxaca, Sonora y Tlaxcala, la situación es igual o más compleja porque Morena se quedó a un sólo distrito de obtener el llamado “carro completo”.
Graco Ramírez, en Morelos; Arturo Núñez, en Tabasco; Miguel Ángel Yunes, de Veracruz; Miguel Ángel Mancera, de la CDMX; Manuel Velasco, en Chiapas y el panista Antonio Gali, en Puebla, tendrán que superar la rendición de cuentas al término de su gestión, siendo evaluados por congresos dominados también por el partido de Andrés Manuel López Obrador
Silvano Aureoles de Michoacán y el gobernador independiente de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, también estarán vigilados y tendrán que negociar tanto presupuestos como designaciones de funcionarios con sus Congresos de mayoría morenista.
Además, si los mandatarios pretendieran reformas legislativas o constitucionales, el trabajo de negociación y convencimiento deberá ser escrupuloso y sólido para poder sortear la oposición o en contraparte sobreponerse a las modificaciones legislativas que sus opositores impongan para el ejecutivo.
Es momento de ver la capacidad y visión que tienen los recién elegidos para transformar las promesas en realidad, pero generando riqueza, crecimiento y desarrollo, con equilibrio en su conducción, con ecuanimidad en el trato, sin negarse a todo lo que les plantee la oposición, ni ceder por desconocimiento para acabar por no transformar nada, lo cual requiere oficio y preparación en la que deseablemente su partido deberá apoyarles.
