A julio de 2025, más de 85 mil reclusos permanecen encarcelados sin recibir una resolución judicial, lo que representa el 36.3 % de la población penitenciaria
Redaccción
En México, la situación de las personas privadas de la libertad sin sentencia sigue siendo una de las principales deudas del sistema de justicia.
A julio de 2025, más de 85 mil reclusos permanecen encarcelados sin recibir una resolución judicial, lo que representa el 36.3 % de la población penitenciaria.
Aunque esta proporción ha mostrado una ligera reducción en los últimos años —del 42.1 % en 2021 al 37.3 % en 2023—, la cifra absoluta continúa siendo alarmante.
La problemática golpea con mayor fuerza a las mujeres: 46.3 % de las internas no tienen sentencia, frente al 35.7 % de los hombres.
Además, casi la mitad de estas personas están recluidas bajo prisión preventiva oficiosa, una figura criticada por organismos internacionales por su impacto en los derechos humanos.
Edoméx, el caso más grave del país
El Estado de México concentra el problema con mayor intensidad. Con 35 mil 761 internos distribuidos en 21 penales estatales, la entidad encabeza el listado nacional de población penitenciaria.
Según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, la capacidad instalada es de solo 14 mil 417 espacios, lo que significa una sobrepoblación del 148 %.
Esta sobreocupación se combina con un alto porcentaje de personas sin sentencia, que especialistas estiman entre el 30 % y el 50 % del total de internos.
La Ciudad de México también figura entre las entidades con más casos de prisión preventiva prolongada.
Organismos defensores de derechos humanos advierten que la combinación de hacinamiento y retraso judicial impacta directamente en las condiciones de salud, seguridad e higiene, profundizando la crisis carcelaria en el país.
